La comisión bilateral entre Aragón y el Estado ya tiene fecha de su primera reunión en esta legislatura. El encuentro entre los responsables de ambas Administraciones se celebrará a principios de octubre en Zaragoza y en el mismo se buscarán fórmulas para intentar desatascar uno de los asuntos que más preocupan al Ejecutivo PSOE-PAR: la deuda del Estado con la comunidad.

Los actuales responsables del Pignatelli conceden mucha importancia al desbloqueo de esta comisión, cuya reactivación fue acordada en la cumbre de julio entre el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y Marcelino Iglesias. Y es que este órgano bilateral, que fracasó en la anterior legislatura por la falta de interés del Gobierno de José María Aznar, está llamado a ser el principal foro de diálogo y de discusión de aquellos contenciosos que surjan entre ambas Administraciones. En estos momentos, sin duda, el asunto más urgente por resolver es el de la financiación y el de la deuda del Estado con la comunidad autónoma.

"Queremos hablar de todo lo que se atascó con el Gobierno del PP", señaló en julio pasado Iglesias tras su primer encuentro con Zapatero. Fuentes de la DGA corroboran que en la agenda de esa comisión va a caber de todo, aunque obviamente el tema más acuciante es el de la financiación.

Así por ejemplo, en el orden del día de la comisión, que estará presidida por el propio Iglesias y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se incluirán la liquidación del gasto farmacéutico, valorada en unos 29 millones de euros; el déficit por la merma de ingresos en los tributos cedidos, de unos 340 millones de euros; y la discusión de un sistema de financiación que se adapte a la situación específica de la comunidad autónoma sobre la base del envejecimiento, la dispersión de la población en el territorio y la consideración de Aragón como una comunidad montañosa y fronteriza.

El PSOE-PAR aprovechará ese foro igualmente para desbloquear de una vez la firma de un convenio que permita la adscripción a la comunidad autónoma de una unidad de la Policía Nacional. La firma de este convenio está recogida en el Estatuto de Autonomía que fue reformado en el 96 como una fórmula alternativa a la creación de la policía autonómica, pero hasta ahora no se ha materializado por la dejadez del Gobierno central.