Desde que la Ley de Grandes Ciudades descafeinara los plenos no había vivido el salón municipal de Zaragoza tantas ganas de debate y tanta puya entre concejales. En el menú de la sesión celebrada ayer había más impuestos y más asesores, una combinación fácil para hacer oposición que llevó la discusión por donde solía cuando a las citas plenarias llegaba todo lo que ahora se cuece sin luz pública en la secreta Junta de Gobierno.

Se votaba en el Ayuntamiento de Zaragoza el Plan Económico Financiero del PSOE y CHA para estabilizar los presupuestos, el "único y el mejor", según aseguró ante todos el catedrático y responsable de las cuentas consistoriales, Alberto Lafuente. Y el PP aprovechó de recio para dar donde duele: por boca alternativamente de Ricardo Mur y Jorge Azcón explicó de mil maneras distintas lo que dolerá en el bolsillo ciudadano el 40% de más en el IBI en dos años y el resto del subidón tributario, lo que sufrirá la ciudad por el bajón del 17% en la inversión y lo poco que les gusta a los populares que el Gobierno "coloque amigos" en puestos de asesor precisamente ahora que asustan a la cuenta corriente del ciudadano con la nueva factura municipal.

Como la práctica de dejar los cargos de confianza en manos de quien efectivamente se confía es ya un clásico en las instituciones y gobiernos de todo pelaje político, el nacionalista Miguel Gargallo, acusado en esta ocasión como promotor del nuevo asesor/a, no tardó en recordar a los populares que ellos cuando podían hacían lo propio.

Y con tanta crispación impositiva lo que se hablaba en los corrillos del consistorio acabó saliendo a relucir en el pleno oficial: que si el alcalde paga más o menos de IBI, o que cómo es posible que no sepa lo que paga. Mur recordó al socialista Belloch unas recientes declaraciones y se congratulo que "haya tenido un buen sueldo toda la vida; pero debe saber --machacó--que hay muchos ciudadanos en el umbral de la pobreza".

En plena guerra fiscal, el portavoz económico de los populares se dedicó a contar los asesores de CHA que veía en el pleno y dijo que sumaban siete. Hubo alguna incomodidad entre los aludidos, que no trabajan menos por ser de confianza.

Y junto al salón de debates, el cuarto de los cafés estaba, como siempre, en ebullición. Fernando Gimeno, jefe de Alcaldía, impartía doctrina sobre la controvertida Milla Digital y sus tecnológicas bondades, mientras que al otro lado del Gobierno, en CHA, se miraba de reojo y con nulo entusiasmo la iniciativa. En el off plenario cundía una idea muy gráfica y en absoluto cándida: cómo será comparar las estampas del Casco Viejo-viejo, que las hay, con las futuristas paredes de plasma del proyecto digital.

Y es que los señores concejales se enzarzaban ayer por casi todo. Incluso los de un mismo grupo, caso del PP, donde se mantienen una helada cordialidad entre los dos sectores que pugnan por conseguir titulares y ventaja ante el próximo congreso. José Atarés, uno de los contendientes, intervino en su línea de siempre en la moción en la que se trató de desentrañar sin éxito qué es lo que pasa con el confuso convenio del AVE. Domingo Buesa, el que le podría quitar el puesto de presidente provincial, regaló a los asistentes una de sus escasísimas contribuciones públicas a la vida municipal.

El tema eran las fiestas del Pilar, y tanto Rosa Borraz, teniente de alcalde de Cultura, como el resto de la sala tuvieron que hacer un esfuerzo extra para determinar si con su dialéctica fluida había criticado, o justificado, o más bien alabado, el programa.

El concejal del PAR Fernando Arcega, en fin, renunciaba a su acta de concejal en este pleno para dedicarse a sus asuntos profesionales, y al menos hubo un punto de concordia para celebrar, aunque muy tarde, su despedida.