El Ministerio de Sanidad devuelve la actividad docente al hospital

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha levantado la suspensión cautelar de la licencia docente del hospital Ernest Lluch de Calatayud que el pasado 1 de junio obligó a salir del centro a 14 médicos internos residentes (MIR) que estaban desarrollando allí su periodo de formación.

El departamento afirma en un comunicado que el Servicio Aragonés de Salud ha cumplido los requerimientos exigidos tras las deficiencias detectadas en una auditoría para la continuidad de la formación de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

"Las circunstancias que dieron lugar a la suspensión cautelar de la docencia en el hospital Ernest Lluch de Calatayud han sido subsanadas y el centro sanitario ha recuperado su acreditación", señalaron fuentes de la consejería de Sanidad. La suspensión decretada en su día "se justificó por la escasa dotación de revistas en la biblioteca, la falta de nombramiento de los tutores y el número --se entiende que insuficiente-- de sesiones clínicas".

Por indicación de la Unidad Docente, los MIR podrán regresar de forma voluntaria al hospital de Calatayud una vez completen el programa de trabajo establecido para el último trimestre del 2005. La promoción MIR de la próxima convocatoria se incorporará directamente al hospital en la primavera del 2006.

DEFICIENCIAS SUBSANADAS Durante estos meses, un grupo de trabajo compuesto por representantes del centro hospitalario, la Unidad Docente y el Salud ha subsanado estas cuestiones, lo que ha motivado la decisión favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El director del hospital, Antonio Ferrando, ya señaló tras la suspensión que se iba a constituir un grupo de trabajo para estudiar las mejoras necesarias de forma que en un plazo de tres meses el centro pudiera ejercer con normalidad la docencia. "Queremos mejorar la atención a estos facultativos durante sus prácticas en sesiones clínicas, coordinar la organización de los tutores e incrementar el material especializado", explicó.

La DGA recordó que la suspensión cautelar se comunicó el pasado mes de marzo, tras una auditoría en la que, a pesar de la medida, se hizo constar que "el hospital contaba con los recursos humanos adecuados, que la actividad asistencial y docente eran las precisas para el desarrollo de la especialidad, y en ningún caso se puso en entredicho la calidad del centro".