El asesinato de Anabel Herrero Izquierdo en un garaje el pasado lunes ha despertado viejos temores provocados por crímenes similares en Zaragoza, que nunca han sido resueltos y que esperan en los archivos policiales a que surja una pista que resucite la investigación antes de que prescriban.
Tres pistoleros mataron en un aparcamiento de la calle Cervantes a la mujer, al tiempo que tiroteaban a su marido, el empresario Francisco Colell, en lo que se presume que fue un secuestro-express frustrado, con independencia de que fragüe alguna de las múltiples hipótesis que baraja la Policía.
Como consecuencia del asalto, Anabel recibió dos disparos en la espalda, uno de ellos a quemarropa. Colell sufrió tres impactos de los seis tiros que los criminales dispararon contra su coche, ninguno de los cuales afectó a órganos vitales. Desde el pasado viernes se repone de las heridas en su domicilio familiar, custodiado por la Policía.
El suceso activó el estado de alerta de los Cuerpos de Seguridad porque, según el propio herido, los pistoleros se presentaron como miembros del GRAPO cuando intentaban secuestrarle. Se cerraron las principales salidas de Zaragoza y las estaciones de autobuses y de tren, al tiempo que se desplegaban controles en los pasos fronterizos con Francia. El dispositivo se desmontó a la mañana siguiente, tanto porque surgieron dudas sobre la autoría terrorista como porque estos controles pierden su eficacia con el paso de las horas.
A partir de entonces comenzó una gran operación de caza en la que intervienen Policía y Guardia Civil, sin descartar ninguna línea de investigación. Se alertó a los taxistas y empleados de hoteles, se investiga cualquier conflicto laboral o de negocios que ha tenido el empresario, propietario de una empresa de servicios, se han removido los ficheros con los rescoldos del GRAPO.
Investigadores expertos en crimen organizado, delitos económicos, delincuencia común y terrorismo se han desplazado a Zaragoza para no dejar ninguna pista sin cubrir. También se realizan gestiones en casi todas las comunidades españolas, ya que Colell es un empresario dedicado a las contratas de servicios sociales con ámbito en la práctica totalidad del país.
En medios policiales se comenta que la investigación se presenta "larga y complicada", al tiempo que se rechaza que las indagaciones en las actividades empresariales de Colell supongan "criminalizar a la víctima". Se pretende que nada quede sin analizar hasta encontrar una pista sólida.
Miedo al párking
Entre tanto, empresarios y vecinos de la calle Cervantes confesaron a este periódico su inquietud, "miedo" en algunos casos. No se recuerda ningún secuestro-express con tan graves consecuencias en Zaragoza, capital donde el GRAPO ha dejado una huella sangrienta. Muchas personas han requerido estos días compañía para bajar a sus garajes. Ocurrió lo mismo cuando se produjeron otros dos crímenes en aparcamientos privados de esta capital, aunque fue un temor que se superó en poco tiempo.
El caso más lejano fue el asesinato de la joven Mercedes Lázaro Sanmartín, funcionaria de la DGA, que fue estrangulada en su garaje de la calle Fueros de Aragón el 6 de marzo de 1992. Las responsabilidades penales por el crimen prescribirán en seis años, ya que el Código Penal establece un plazo de 20 para delitos que acarreen condenas de más de 15. Desde entonces, el asesino no podrá ser condenado aunque confiese su crimen.
Nunca han dejado de pensar en este suceso los policías de Homicidios de Zaragoza. Incluso detuvieron a un vecino de la joven como sospechoso en 1994, pero lo dejaron en libertad dos días más tarde porque no tenían ninguna prueba para incriminarle.
Más reciente en la memoria de los ciudadanos fue el asesinato del auditor Javier López Aldea el 22 de noviembre de 1997. Fue acuchillado en su garaje del Actur cuando iba a recoger su coche.
En este caso, la Policía contó con más líneas de investigación que en el anterior crimen. Dos personas llegaron a estar detenidas como sospechosas. Se barajó la teoría de que el autor había sido un sicario, un asesino a sueldo de alguien a quien molestaban las actividades profesionales de López Aldea, que entonces era interventor judicial en el casino Montesblancos.
Pero no deja de ser una presunción más o menos fundada, porque el asunto sigue sin resolverse en el archivo. Una característica común en estos dos crímenes es que aún se desconoce el móvil.
En la investigación del crimen de la calle Cervantes hay más pistas abiertas. No sólo hay un testigo directo y otros indirectos. Además, hay varios autores y es más difícil ocultar el secreto. Hay esperanza en que no quede impune.
