La puesta en libertad, el pasado lunes, de dos menores que supuestamente agredieron de forma brutal a un joven en el Actur de Zaragoza en marzo de este año, ha causado desconcierto en la opinión pública y en medios judiciales. Su liberación, motivada por el cumplimiento de los seis meses de plazo máximo de internamiento cautelar, "crea frustración y sensación de fracaso en la sociedad", según aseguró ayer un miembro de la carrera judicial en la capital aragonesa.

"Es muy posible que la ciudadanía no entienda que estén libres por la calle dos muchachos que, por las graves acusaciones que pesan sobre ellos, pueden representar un peligro", añadió la misma fuente.

DEFICIENCIAS En opinión de expertos juristas, la liberación es fruto de las deficiencias de la Ley del Menor, que se aprobó en el año 2001 y que en estos momentos está en proceso de modificación en el Senado.

Una vez concluida la reforma, que entrará en vigor en el 2007, los seis meses de internamiento cautelar se transformarán en nueve.

"Los seis meses actuales son a todas luces insuficientes para instruir el caso debidamente en los supuestos más graves, como el asesinato, el homicidio y la violación", señaló un jurista que recordó que, en el ámbito de la justicia para adultos, el plazo de prisión provisional dura dos años.

"Seis meses son tan poco tiempo que la maquinaria judicial se ve obligada a ir muy deprisa, y eso puede provocar meteduras de pata y errores de una parte y de otra", añadió el mismo especialista. "A ello hay que añadir que la defensa puede emplear tácticas dilatorias que entorpezcan aún más la marcha del asunto", agregó.

Tal y como está la ley en la actualidad, desde la detención de los supuestos autores de un hecho delictivo hasta el término del internamiento, es preciso completar la fase de instrucción, celebrar la vista oral y resolver el recurso de apelación.

"Y en los casos complejos, como el juzgado por el Tribunal de Menores, eso es prácticamente imposible", indicó una fuente judicial.

Además, se da la circunstancia de que en la agresión del Actur intervinieron también tres personas de edad adulta. Pero en su caso, que ha pasado a la vía ordinaria, tampoco ha culminado todavía la fase de instrucción pese a que los plazos son más amplios.

"Con la ley en la mano, la juez no tenía más remedio que poner en libertad a los menores", reconoció ayer Carmen Cifuentes, que representa a Ramón Redondo, el joven agredido en el Actur. Cifuentes celebra que la Ley del Menor "esté a punto de cambiar" y califica de "injustas" las críticas dirigidas a la juez del caso, Concepción Aldama.