El ministerio fiscal solicitó ayer en la Audiencia de Zaragoza más de diez años de prisión para Jacinto Mainar, quien el 3 de enero del 2005 acuchilló con ánimo de matarla a su excompañera sentimental en una frutería de la calle Espartero, dos meses después de que se decretara contra él una orden judicial de alejamiento de la víctima.

Los hechos ocurrieron ante numerosos testigos, después de que el acusado abordara a la víctima cuando transitaba por el Coso en compañía de su hijo menor. Varios testigos acudieron en ayuda de la mujer y retuvieron al agresor hasta que llegó la Policía Local, después de que aquella recibiera dos puñaladas, en el cuello y en el hemitórax izquierdo, respectivamente.

El acusado manifestó ayer ante el tribunal que no recordaba lo que había ocurrido el día de los hechos y que sólo pretendía exigirle que le devolviera un dinero que le había dado para que realizara compras. Sin embargo, en la vista quedó acreditado que la víctima, que se encontraba desde dos meses antes en una casa de acogida, había sido amenazada de muerte hasta en cinco ocasiones a través del teléfono móvil.

Mainar realizó indagaciones para localizar a su excompañera y la esperó armado con un cuchillo en el Coso. La mujer intentó refugiarse en una frutería de la calle Espartero, pero el acusado la persiguió y la apuñaló hasta que dos jóvenes forcejearon con el agresor.

Finalmente, la víctima acudió a un estanco, cuyo responsable cerró sus puertas para que no entrara el acusado, quien finalmente fue acorralado en un portal hasta la llegada de los policías, a uno de los cuales amenazó de muerte.

Los forenses señalaron que Mainar era consciente de lo que hacía y que su imputabilidad en los hechos solo puede estar ligeramente mermada por la dificultad que tiene en controlar sus acciones.

Además de la tentativa de homicidio, la fiscal también le acusó de quebrantamiento de medida judicial, amenazas y atentado, las mismos cargos , salvo este último, que argumentó la abogada de la acusación, Pilar Marco. quien solicitó 16 años de condena.

El letrado de la defensa, Juan Carlos Royo, que en su informe habló de posibles eximentes y atenuantes de trastorno mental, solicitó la libre absolución.