Garantizar la integración social de los trabajadores que lleguen a Zaragoza con motivo de las obras de la Expo 2008. Y lograr que estos empleados desplazados, inmigrantes o nacionales, no sufran las carencias provocadas por la falta de información sobre alojamientos en la ciudad o recursos sociales. Estos son los objetivos fundamentales plasmados ayer en un convenio a tres bandas suscrito por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las administraciones públicas destinarán en los próximos dos años 1,2 millones de euros para que la acogida de trabajadores procedentes de fuera de Zaragoza, que en algunos momentos llegará a superar los 30.000 profesionales, se efectúe sin riesgos sociales.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, explicó que la situación de "pleno empleo" que atraviesa Aragón obligará, sin duda, a importar mano de obra. El portavoz del Ejecutivo central recordó que en los últimos 29 meses, la comunidad autónoma cuenta con 50.000 trabajadores más cotizando a la seguridad social, unas cifras calificadas de "espectaculares" por Caldera. La intención del Ejecutivo central es utilizar este acuerdo como pauta de trabajo para actuaciones futuras en materia de inmigración laboral.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, señaló que este convenio completa el firmado hace algunas semanas para reforzar la seguridad laboral de los trabajadores de la muestra internacional. "Ahora aportamos un plus de protección", aseguró Belloch. En este mismo sentido se pronunció el consejero de Economía, Alberto Larraz, al explicar que se trata de integrar a los trabajadores en el ambiente social de la capital aragonesa.

INMIGRACIÓN Durante su intervención en el Ayuntamiento de Zaragoza, el ministro Caldera explicó que el objetivo del Gobierno central es evitar que "un solo ciudadano" pierda ayudas públicas por el impacto de la inmigración. El titular de Trabajo destacó que la política de inmigración se basa en cuatro ejes: la gestión integral de los flujos migratorios legales, que ha supuesto "un extraordinario aporte de riqueza y prosperidad"; la lucha contra la inmigración ilegal; la cooperación internacional y la implicación de la UE en un fenómeno que es "un reto" para todos.

Caldera puso como ejemplo el incremento de fondos destinados a los inmigrantes en Aragón, una comunidad en la que en el 2004 se invirtieron 130.000 euros y en el 2006 esta cantidad se ha elevado hasta casi 7 millones de euros, lo que ha supuesto multiplicar los recursos por 45. El ministro agradeció la cooperación solidaria de las comunidades autónomas en materia de inmigración y el consejero de Economía recordó que Aragón es la segunda comunidad autónoma con más inmigrantes llegados al refugio y el albergue municipales --310 desde el pasado mes de febrero--.