Dos peritos del Laboratorio de Criminalística de Barcelona declararon ayer, en el juicio que se sigue en el Tribunal de Menores por una agresión neonazi en barrio zaragozano del Actur en marzo de este año, que el ADN de la sangre hallada en el cascote con el que se golpeó a la víctima corresponde a uno de los tres mayores implicados en el suceso, José Antonio I.

La vista oral se reanudó ayer tras la suspensión decretada por la juez el pasado 21 de septiembre, cuando uno de los abogados defensores solicitó que se analizara una de las dos manchas de sangre halladas en un cascote empleado en la agresión.

Los peritos, pertenecientes a la Dirección General de la Policía, subrayaron que es "materialmente imposible" que el ADN hallado en el cascote pertenezca a una persona distinta de José Antonio I., que está imputado junto a otros dos adultos. Su causa, que se sigue en la jurisdicción ordinaria, se encuentra todavía en fase de instrucción.

En el Tribunal de Menores, en cambio, comparecen como acusados dos muchachos de menos de 18 años que, según la fiscal y la acusadora particular Carmen Cifuentes, también se vieron involucrados en la agresión a Ramón Redondo, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contudente.

En la sesión de ayer, compareció asimismo una médico forense citada a petición de la magistrada. Los abogados defensores, Esteban Pendás y María Ángeles Tirado (que sustituyó temporalmente a José Antonio Ruiz Galbe), se opusieron a la práctica de esta prueba pericial argumentando que no se había realizado en el momento procesal oportuno.

La forense manifestó que a la víctima le faltaba un empaste y que, al margen de la herida del cráneo y de una pequeña cicatriz, no presentaba escoriaciones, hematomas ni contusiones en el resto del cuerpo.

El juicio por la agresión neonazi del Actur, que se sigue tanto en jurisdicción de menores como en la de adultos, ha sido uno de los más accidentados que se recuerdan en la historia de la ciudad.

La necesidad de dejar el asunto visto para sentencia antes de que transcurrieran los seis meses de internamiento preventivo previsto por la Ley del Menor obligó a la juez a celebrar maratonianas jornadas de juicio que fueron denunciadas por la defensa ante el Colegio de Abogados.

Pese a las prisas, una vez alcanzado el plazo máximo de internamiento, la juez no tuvo más remedio que decretar la libertad de los dos menores a finales del pasado mes de septiembre. En la actualidad, ambos imputados se encuentran en libertad vigilada.