El juzgado de instrucción número 2 de Calatayud ha decidido traspasar el caso de falsificación de documentos públicos que imputaba al alcalde de la localidad, Fernando Martín, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por ser Martín diputado de las Cortes autonómicas y tener la condición de aforado.

La jueza, al considerar que el caso no era de su competencia, se ha inhibido en favor del TSJA, aportando el testimonio de los particulares implicados en el proceso, las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y la exposición razonada de los hechos investigados.

El presunto delito se produjo a finales del pasado agosto, cuando el alcalde bilbilitano fue acusado de omitir en su declaración de actividades que era propietario del 25% de las participaciones de Jamones Martín SL.

Fernando Martín, que debía prestar declaración el pasado 28 de septiembre, recurrió la denuncia instada por el portavoz socialista en la localidad, Víctor Ruiz, alegando que no estaba obligado a incluir su participación en dicha empresa en la declaración de actividades del ayuntamiento, ya que la consideró como un bien patrimonial. El primer edil señaló entonces que pediría responsabilidades penales contra el dirigente de la oposición.

EL ORIGEN DE LA DENUNCIA El origen de las denuncia se encuentra en los documentos requeridos a Martín en la tramitación de otra querella, que fue presentada contra el alcalde por otro miembro de la oposición, el concejal Miguel Lavilla. Durante el juicio, el abogado de Fernando Martín declaró que su cliente poseía el 25% de las acciones de la empresa familiar Jamones Martín SL.