El ministerio fiscal solicitó la responsabilidad civil del Estado por la agresión sufrida por un preso de la cárcel de Daroca que fue atacado por otro recluso. Las vista por estos hechos se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número seis de Zaragoza.

El incidente se registró el 21 de abril del 2005, cuando un interno, Juan Ignacio J., intentó colarse en el comedor de su módulo sin guardar fila a la hora del almuerzo y fue increpado por la presunta víctima, Juan Antonio F.. Según la diligencias instruidas por los funcionarios, el primero atacó a este y le propinó un cabezazo, provocándole un corte en el pómulo que requirió tres puntos de sutura.

Durante la vista, ambos reclusos se acusaron mutuamente de provocar el incidente y de iniciar la agresión. El supuesto agresor señaló que había sido atacado por la espalda y que recibió "un guantazo", por lo que tuvo que defenderse. La presunta víctima ratificó la diligencias instruidas por Instituciones Penitenciarias y negó que hubiera atacado o golpeado a su oponente.

Ante estas versiones contrapuestas, la fiscal mantuvo sus peticiones de ocho meses de condena para cada uno de los implicados y que la Administración indemnizase al preso que resultó herido. Los abogados de la defensa, Luis Nivela y Genma Suvirón, pidieron la absolución.

El abogado del Estado, por su parte, alegó que, para establecer la responsabilidad civil de la Administración existen tres requisitos: que la agresión se produzca en un establecimiento de la misma, que se produzca una infracción al reglamento y que exista una relación de causalidad entre los dos anteriores.

En su opinión no se vulneró el reglamento. "No hubo conflicto personal, sino una agresión súbita, que no se hubiera evitado aunque se contara con un funcionario para vigilar a cada preso. Tampoco hay infracción al deber de custodia, el herido no fue atacado con un pincho o un elemento que no puede tener un preso en su poder, ya que el instrumento de la agresión fue la cabeza del otro recluso", argumentó.