Los planes del Departamento de Servicios Sociales de la DGA para encomendar a una empresa pública de nueva creación la valoración del grado de dependencia de los minusválidos aragoneses chocan con la propia Ley de Dependencia. El artículo 28.6 del texto que hace dos semanas aprobó el Congreso de los Diputados señala expresamente que no podrán "ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas" --ordena que "se efectuarán directamente por las administraciones públicas"-- "los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley". De la tasación dependerá que los afectados reciban ayudas económicas y prestaciones --desde la instalación de telealarmas a la habilitación de plazas en residencias--.

El texto salió el 5 de octubre de la Cámara Baja hacia el Senado con pocos visos de sufrir modificaciones: votaron a favor todos los grupos salvo la derecha nacionalista --CiU, PNV y EA-- y Nafarroa Bai. Entrará en vigor el 1 de enero del 2007.

Tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, el proyecto de Presupuestos de Servicios Sociales para el año que viene reserva 175.000 euros para crear una empresa con mayoría de capital de la DGA para, según explicó el propio consejero, Miguel Ferrer, valorar el grado de dependencia de los solicitantes.

La iniciativa de la DGA provocó ayer las críticas y el rechazo de los agentes sociales, profesionales del ramo y la oposición parlamentaria.

Francisco Javier Gascón, secretario general del Colegio de Graduados Sociales de Zaragoza, mostró sus dudas sobre la legalidad de las tasaciones que pueda efectuar una empresa y sobre las posibilidades de que las resoluciones puedan ser recurridas por los afectados. También anotó que la Administración "se tiene que poner a trabajar" para informar a los profesionales de cara a su entrada en vigor.

La secretaria de Acción Social de CCOO, Marta Arjol, indicó que "el reconocimiento de un derecho subjetivo se debe hacer desde la Administración y por funcionarios. Una empresa pública no ofrece garantías. Su uso puede suponer un menor control de las valoraciones". Reclamó "rigor" para gestionar el sistema público de pensiones y prestaciones". Enrique Gracia, responsable de la función pública en su mismo sindicato, calificó de "sorprendente" la intención de dejar "fuera de la Administración pública el ejercicio de potestades administrativas que van a tener incidencia en el ejercicio de los derechos".

Fernando Gállego, secretario de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, prefirió esperar a que Ferrer explique hoy sus planes ante la Comisión de Economía de las Cortes, aunque resaltó que las tasaciones deben ser efectuadas por la DGA. "El planteamiento de Ferrer es como decir que la Administración no es ágil ni eficaz", apuntó.

La portavoz de Servicios Sociales del PSOE, María Ángeles Ortiz, señaló que la creación de la empresa "no es una idea cerrada, se deja la puerta abierta en el presupuesto por si es necesaria". Resaltó las dificultades que tendrán las admnistraciones para absorver la carga de trabajo que generará la Ley de Dependencia.

Rosa Plantagenet (PP), Yolanda Echeverría (CHA) y Adolfo barrena (IU) destacaron que el modelo propuesto por Ferrer "incrementará la inseguridad jurídica" de los ciudadanos y el riesgo de "arbitrariedad".