El Gobierno central ha dejado en manos de la Generalitat de Cataluña la gestión del Archivo de la Corona de Aragón al no cumplir un trámite administrativo. El reformado Estatuto de autonomía le exigía hacer una reserva expresa para conservarla hasta la creación del patronato que debe regirlo, y en el que deben entrar las cuatro comunidades que integraron la antigua unión territorial durante la Edad Media.

El Estatuto catalán atribuye a la Generalitat, en el artículo 127.2, la "competencia ejecutiva sobre los archivos (...) de titularidad estatal situados en Cataluña cuya gestión no se reserve expresamente el Estado". Un portavoz oficial del Ministerio de Cultura confirmó que el Gobierno central no ha efectuado ningún trámite en este sentido.

De esta forma, al tratarse de una ley en vigor, la comunidad catalana asume "la regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de personal", además de "la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la ejecución de la normativa del Estado", sobre el archivo. Hasta la entrada en vigor del Estatuto reformado, el pasado 19 de julio, el centro documental era de titularidad estatal, pero su gestión había de ser compartida por la administración central y las cuatro comunidades que aglutinan los territorios españoles de la antigua Corona --Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia--. Esa fórmula de dirección compartida debía plasmarse en un patronato cuya constitución aplazó de nuevo la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el lunes. No será este año. Y el instrumento legal para definirlo será un decreto, de menor rango legal que el Estatuto.

La DGA formalizará mañana un recurso de inconstitucionalidad contra ese precepto de la norma catalana, además de otro que condiciona la creación del patronato e integra directamente en la red de archivos de la Generalitat parte de los fondos. Los servcios jurídicos del Pignatelli alegarán el desconocimiento de la legislación aragonesa por parte de los redactores del Estatuto catalán, lo que provocó la vulneración de los derechos recogidos en el aragonés.

RETRASO EN LA REFORMA Fuentes parlamentarias apuntaron que la reforma del Estatuto aragonés se verá retrasada por la ralentización de la tramitación de leyes aplicada en el Congreso a la espera del resultado de las elecciones catalanas y la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico, que condicionará los apoyos del central en Madrid.

El viernes se abrió el plazo de enmiendas, que, inicialmente, concluye el 31 de octubre.