Las residencias del Plan Metrópoli, el nunca ejecutado programa para paliar el déficit de plazas geriátricas de Zaragoza, serán privatizadas. El consejero de Servicios Sociales de la DGA, Miguel Ferrer, anunció ayer en las Cortes que el BOA publicará próximamente la licitación de los centros de Utebo y el Actur mediante el modelo de concesión de obra pública, es decir, que su gestión recaerá en empresas privadas. También indicó adelantos en la construcción de las residencias de Torrero y las esquinas del psiquiátrico, mientras la de Oliver queda pendiente de varios trámites urbanísticos tras su desbloqueo por el ayuntamiento hace unas semanas.

Ferrer destacó especialmente dos líneas de trabajo de su departamento: la concertación --contratación por parte de la administración de plazas en centros privados-- y la producción legal, que llega cuando apenas quedan tres meses y medio lectivos de legislatura y las Cortes no dan al abasto con los proyectos que tiene en trámite.

Casi la cuarta parte del presupuesto de su departamento --49 millones sobre 223-- está consignado para financiar el concierto de 1.446 plazas geriátricas. Según explicó, el año que viene estarán bajo este modelo el 40% de las plazas existentes en la red privada aragonesa. "Si no concertamos más es porque no podemos", dijo.

En el plano legislativo, anunció que el Consejo de Gobierno verá el martes el borrador del proyecto de Ley de Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia y que antes de acabar la legislatura verán la luz los de Servicios Sociales y Mediación Familiar, además de programas sobre los puntos de encuentro y la emancipación de los jóvenes.

También anunció la implantación de una tarjeta aragonesa de la discapacidad y de otra con servicios para mayores de 65 años.

Los portavoces de la coalición de Gobierno, Antonio Piazuelo (PSOE) y María herrero (PAR), apoyaron el presupuesto. La oposición, no.

Desde el PP, Rosa Plantagenet destacó la ausencia de referencias a la inmigración, destacó el enésimo anuncio de planes y leyes que llevan años sin llegar, afirmó que "el Plan Metrópoli ya huele" tras ocho años de retraso y calificó de "demencial" que solo el 2% de las plazas de geriátrico sean gratuitas.

Yolanda Echeverría (CHA) criticó el volumen de conciertos, consideró inoperantes las direcciones generales de Dependencia y de Familia y destacó que en el Instituto de la Mujer crece el gasto en Personal y decrece el destinado a gestión.

Adolfo Barrena, de IU, rechazó el alto grado de concertación y se preguntó "para qué creamos una Dirección General de Dependencia".