Al PSOE, el socio mayoritario del Gobierno de Aragón, no le gusta el proyecto del Departamento de Servicios Sociales de la DGA, controlado por el PAR, para crear una empresa que valore el grado de dependencia de los minusválidos, tasación de la que dependerá la asignación de prestaciones y ayudas derivadas de la Ley de Dependencia.

El responsable de la consejería, Miguel Ferrer, insistió ayer ante la Comisión de Economía de las Cortes en su plan. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Antonio Piazuelo, le echó un jarro de agua fría. "No quiero adelentar acontecimientos --dijo, dirigiéndose a IU--, pero este grupo no renuncia a llegar a acuerdos" para desarrollar la Ley de Dependencia. No obstante, añadió que el PSOE "va a apoyar lo que haga el Gobierno". Aunque lo hizo al mismo tiempo que ofrecía a la oposición consenso para definir el sistema de tasación.

La Ley de Dependencia prohíbe explícitamente, en su redacción actual, contratar las tasaciones con empresas privadas.

La creación de la empresa solo fue apoyada por la portavoz del PAR, María Herrero, que dijo que "habría sido un ejercicio de irresponsabilidad por su parte no preverla".

Ferrer defendió su proyecto. Se basó en que "no es lo mismo una empresa pública que una privada" --aunque el primer concepto no aparece en la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma-- y en que "una empresa pública no es privada, y lo que dice la ley es que no se puede privatizar". Con todo, puntualizó que las resoluciones sobre las tasaciones serán firmadas por la directora general de Dependencia y que para su tramitación el departamento creará 15 nuevos puestos de funcionario. También dijo que los equipos de tasación serán multidiscicplinares y contarán con psicólogos y trabajadores sociales, entre otros especialistas.

La oposición rechazó de plano la posibilidad de constituir la empresa para tramitar los expedientes.

Rosa Plantagenet, del PP, afirmó que "se está hablando de crear una red paralela de atención a la dependencia".

Yolanda Echeverría, de CHA, alertó de los riesgos de "cargarse la objetividad" de las valoraciones en caso de que no sean efectuadas por funcionarios, y aseguró que "eso no es serio ni razonable". La nacionalista criticó la creación de la Dirección General de Dependencia --dirigida por la exdiputada Teresa Perales tras dimitir para ceder su escaño a la exconcejera Ana de Salas--. "Está creada por exigencias del guión partidista, pero como parece que como que no... pues creamos la empresa", dijo.

Adolfo Barrena (IU) calificó la iniciativa de "auténtico disparate", advirtió de que "introduce un elemento de inseguridad jurídica grave" y alertó de que "hipotecará" el trabajo del próximo Gobierno en el campo de la dependencia.