El Tribunal Constitucional tiene visto para sentencia, y desde hace tiempo, un recurso contra uno de los intentos catalanes de apropiarse del Archivo de la Corona de Aragón. Por los riesgos que entraña en ese mismo sentido la reforma del Estatut, la DGA formalizó ayer, en el último día de plazo, otro recurso contra dos preceptos de la nueva normativa autonómica: el que atribuye a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre el centro documental, por un lado, y, por otro, el que integra parte de los fondos --sin definirlos-- en el sistema catalán de archivos y atribuye al Ejecutivo catalán una situación predominante a la hora de hablar del centro frente a los otros tres territorios afectados: Aragón, Baleares y Valencia.

Fuentes judiciales confirmaron que el expediente del primer recurso tiene concluida la fase de instrucción y que se encuentra pendiente de que los magistrados señalen una fecha para reunirse y, tras escuchar la propuesta del ponente, resolverlo.

El recurso fue presentado por el anterior presidente del Gobierno central, José María Aznar, contra los puntos 21.1 a) y 21.1 f) de la Ley de Archivos y Documentos de Cataluña. El primero de esos preceptos indicaba que "el Sistema de Archivos de Cataluña está integrado por los archivos siguientes: El Archivo de la Corona de Aragón..."

Aznar consideraba que ese centro archivístico no podía tener el mismo tratamiento que el resto de los archivos situados en la comunidad catalana. De hecho, es, junto con el de Simancas y el de Indias, uno de los pocos cuya documentación tiene valor similar para varios territorios. El expresidente del Gobierno invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, "lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados", señala la providencia por la cual el tribunal decidió admitirlo a trámite el 21 de mayo del 2002.

La normativa recurrida ya dejaba claras las intenciones de la Generalitat, manifestadas de nuevo en la reforma del Estatut: "Todavía está pendiente adaptar al marco estatutario el régimen jurídico del denominado Archivo de la Corona de Aragón", señalaba. Desde esa óptica, la ley destacaba que este centro "contiene los fondos más importantes para la historia de la Cataluña medieval y moderna".

Así, la reforma acabó señalando que la gestión del archivo pasaba a manos de la Generalitat salvo que el Estado se reservara "expresamente" la competencia; y que Cataluña "debe colaborar" con el futuro patronato que debe regir los fondos, la mayor parte de los cuales --tras dividirlos en tres partes-- integra en su red archivística.

Fuentes jurídicas pusieron en duda que esta última orden pudiera considerarse factible al establecer otros tres estatutos --los de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana-- que el archivo es unitario, que su titularidad es estatal y que la gestión debe ser definida por un patronato integrado por las cuatro comunidades y el Gobierno central. Las mismas fuentes apuntaron que la apropiación de facto realizada al exigir a Madrid que formule una reserva expresa podría no se legal, ya que las competencias se transfieren, no se capturan.

Los servicios jurídicos de la DGA consideran que la norma catalana afecta al ámbito autonómico aragonés, ya que implica la modificación de competencias recogidas en el Estatuto; en este caso, la gestión del archivo. "Supone una limitación o exclusión de las competencias que sobre dichos fondos ostenta Aragón", informó la DGA. "El Estatuto de Cataluña no es norma hábil para excluir, variar o limitar dicha competencia", añadió.