La comisión de alcaldes de municipios del Aragón oriental con bienes eclesiásticos que permanecen en el museo diocesano de Lérida pese a las órdenes vaticanas para ser devueltos a Barbastro no descartan las movilizaciones para reclamar las piezas si estas se desarrollan y están regidas por el espíritu de acuerdo y de unanimidad. Para concretar si se suman a una iniciativa que ya han apoyado todas las fuerzas políticas parlamentarias aragonesas salvo IU, el próximo miércoles se reunirán los alcaldes de los 24 municipios altoaragoneses afectados para decidir qué medidas toman.

La comisión designada por estos alcaldes, --integrada por el alcalde de Isábena, Alberto Lamora; el de Graus, Ramón Miranda; la alcaldesa de Zaidín, María Teresa Font; y el alcalde de Tamarite, Francisco Mateo-- se reunió ayer en Roda de Isábena y emitieron un comunicado con cinco puntos en el que también ratificaron su malestar con el obispo de Lérida, Francisco Javier Ciuraneta, que ha presentado un recurso en el tribunal de La Rota contra la orden de la Signatura Apostólica que le obliga a devolver el patrimonio religioso altoaragonés que continúa en Lérida.

Ramón Miranda expresó "el malestar por el engaño sufrido" de todos los alcaldes, ya que el propio Ciuraneta les aseguró que respetaría "las órdenes vaticanas". Para Miranda, es "inconcebible" que en una sociedad democrática haya desobediencias tan tenaces como la del obispo leridano, que no acepta los mandatos de sus superiores.

Otro de los puntos importantes del comunicado es el que se acuerda solicitar a los partidos políticos aragoneses y al presidente del Gobierno de Aragón que la comisión de alcaldes forme parte del grupo de trabajo formado por el presidente aragonés y los portavoces de los grupos políticos en las Cortes de Aragón en relación al litigo. De esta forma, los alcaldes piden colaborar de forma activa y participar directamente, así como aportar el punto de vista más cercano al conflicto.

Los alcaldes han estudiado varias medidas a tomar para reivindicar la vuelta de los bienes, entre las que no descartan la protesta en la calle. Sin embargo, hasta que los 24 alcaldes no den su opinión en la asamblea del próximo miércoles, no tomarán ninguna decisión. En el caso de que finalmente prosperara la manifestación, esta sería suscrita por los alcaldes siempre que no tuviera fines partidistas y se realizara desde la unidad absoluta de todos los sectores sociales aragoneses. Además, en todo caso se buscaría la confrontación con los ciudadanos de la comunidad vecina.