Las Cortes de Aragón constituyeron la semana pasada una ponencia para tramitar dos proposiciones de ley, presentadas por el PP e IU, para modificar los artículos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que indican cómo debe fijarse el caudal ecológico del Delta del Ebro.

Los trabajos comenzaron con polémica, al proponer el PSOE que el coordinador de estos fuera el representante del PAR, Javier Allué, cuando lo habitual es que esa labor corresponda al diputado del grupo que formula la iniciativa. En este caso, la del PP fue presentada una semana antes que la de IU.

El PHN, reformado en el primer año de esta legislatura, contempla la elaboración de un plan de protección integral del Delta del Ebro entre el Gobierno central y la Generalitat en el que debían figurar los caudales ambientales, tanto el habitual como los que deben provocar crecidas puntuales. Esos volúmenes habrán de ser incorporados al Plan del Ebro. Sin embargo, la ley se muestra ambigua en un aspecto: indica, por un lado, que las cifras han de tratarse en el Consejo del Agua del Ebro --en el que están representadas todas las autonomías de la cuenca--; pero, por otro, remite a una disposición adicional en la que prima el acuerdo bilateral entre Madrid y Barcelona.

Este precepto legal ha provocado el rechazo de varias comunidades de la cuenca del Ebro y de formaciones de todo el arco parlamentario. En unos casos, por considerar que su aplicación entraña el riesgo de que se fije un caudal elevado y eso hipoteque el futuro del resto de la cuenca. En otros, por estimar que se quiebra el principio de unidad de cuenca al permitir a una sola comunidad decidir sobre algo que afecta a todo el territorio. En algunos casos, por los dos motivos.

Las dos proposiciones piden fijar los caudales de cada cuenca en su Consejo del Agua. Han recibido 19 enmiendas: 8 formuladas por el PSOE, 6 por CHA y 5 por el PAR.