El Gobierno central quiere evitar que vayan adelante los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Ejecutivo aragonés y por el de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, un texto que --en opinión de Aragón-- deja abierta la puerta a posibles trasvases del Ebro (o de otros ríos) hacia Levante. La decisión de Madrid --planteada a través de alegaciones del Abogado del Estado-- causó ayer un fuerte malestar en la DGA, cuyo máximo responsable, el socialista Marcelino Iglesias, rechazó de lleno el gesto, que trasciende el ámbito judicial para entrar en el plano político.

El artículo 17 del recién reformado Estatuto de Autonomía valenciano avala "el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad". Y reconoce "el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal".

Tanto Aragón como Castilla-La Mancha se sintieron directamente afectadas por este artículo, pues las cuencas del Ebro y del Tajo se consideran tradicionalmente excedentarias. Por eso sus respectivos gobiernos recurrieron, a pesar de las explicaciones del Ejecutivo central según las cuales el propio Estatuto valenciano indica que cualquier trasvase debe supeditarse a una ley estatal.

Ahora, según informó Efe, el Abogado del Estado ha presentado alegaciones para que el TC desestime estos recursos, con el argumento de que el polémico artículo del texto estatutario no obliga al Gobierno central a elaborar leyes que contemplen cesiones de agua. Según esta tesis, una norma "de aplicación territorial limitada" no puede decidir sobre una cuestión que afecta a otros territorios o al conjunto del país.

Esta decisión provocó ayer un fuerte malestar en el Gobierno aragonés, que rechazó de lleno la petición del Estado de desestimar el recurso de la DGA. La polémica por el trasvase del Ebro a Levante fue muy dura entre el 2001 y el 2004, hasta que se derogaron los artículos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que preveían la cesión.

La introducción del tema del agua en los Estatutos de autonomía ha recrudecido las tensiones. De hecho, Valencia también rechaza el reformado texto de Aragón porque considera que trata de blindar el Ebro.