El PAR intentará en el Senado eliminar las trabas que pone la Ley de Dependencia al proyecto del Departamento de Servicios Sociales de la DGA de crear una empresa que se encargue de tasar el grado de autonomía de los aragoneses, tasación de la que dependerá la conceción de ayudas económicas y prestaciones a partir del 1 de enero. El texto salido del Congreso con un apoyo de más del 90% de la cámara lo prohíbe. En Aragón, el PSOE y la oposición lo rechazan.

El senador autonómico del PAR, José María Mur, anunció la presnetación de enmiendas dirigidas a "abrir los artículos" y "eliminar las trabas" para que las comunidades autónomas puedan decidir cómo prestan el servicio. "Deseo que el papel de la empresa privada sea amplio" en el desarrollo de la ley, dijo. Y añadió: "Una ley no puede ser restrictiva con las competencias de las comunidades. Cada una debe poder elegir su propio medio. La obligación de prestar el servicio con medios públicos no garantiza que vaya a hacerse bien".

Mur reclamó "flexibilidad" para que las autonomías desarrollen la parte de la normativa que les corresponde aplicar. "Si se nos da la responsabilidad y la carga económica, no se nos puede poner trabas", apuntó.

El PAR pedirá también elevar la cobertura social para los disminuidos psíquicos y modificar la delimitación competencial.