de euros es la cantidad que el Gobierno de Aragón ha reclamado a la Administración central en concepto de mermas tributarias por las cantidades que dejó de ingresar durante varios ejercicios, como consecuencia de las rebajas y deducciones aplicadas al IRPF. Se trata de un impuesto de titularidad estatal, aunque la gestión de una parte de la recaudación está cedida a la DGA. El Ejecutivo autonómico decidió acudir a los tribunales después de que el Gobierno central rechazara atender sus reclamaciones.