El Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes un proyecto de ley de prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia. Esta ley --que previsiblemente se tendrá que aprobar en la próxima legislatura por falta de tiempo material para tramitarla-- desarrolla y amplía la ley estatal que aprobó el Gobierno central en el 2004. El consejero de Servicios Sociales de la DGA, Miguel Ferrer, presentó el proyecto legislativo, que tiene como principal beneficio que no se limita a proteger a mujeres maltratadas dentro del seno familiar, sino que se extiende a otros niveles como el laboral. En este sentido, Ferrer aseguró que se ampara cualquier situación "de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor".

Durante estos meses, el departamento de Servicios Sociales ha hablado con distintos sectores sociales, por lo que el proyecto de ley nace "muy consensuado", según dijo Ferrer. El espíritu de la ley es proteger integralmente cualquier caso de violencia física, psicológica o sexual contra el género femenino. Para ello, se refuerzan los servicios que actualmente prestan las administraciones y además se pondrán en marcha nuevas prestaciones.

Una parte importante del articulado girará en torno a las medidas de información y asesoramiento, como los centros comarcales de información y servicios a la mujer, los servicios sociales comunitarios o el servicio social integral y especializado en violencia contra la mujer, de nueva creación. Junto a los Colegios de Abogados y de Trabajadores Sociales, se prestará asistencia social y jurídica de emergencia las 24 horas del día. Y también se incluye la creación de un Observatorio Aragonés de Violencia de Género que analice la evolución de casos de violencia en la comunidad.

Otro capítulo de la futura ley recoge las medidas y los recursos necesarios para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas una vez se produzca la agresión contra su persona. Asimismo, otro capítulo recoge las prestaciones económicas que faciliten la reinserción.

Toda esta ley cuenta además con la inclusión de cláusulas para favorecer la coordinación entre las distintas administraciones y agentes sociales de toda la comunidad autónoma.