El Gobierno y la DGA tienen que partir de cero para alcanzar un acuerdo sobre los costes de la transferencia de competencias de Justicia a Aragón. Tras varios meses de paralización, ayer se reanudó en Madrid la negociación para tratar de alcanzar un consenso en materia económica, el escollo más dificil para el traspaso, que tenía que haber concluido hace más de un año.

La negociación se congeló después de que las partes llegaron a un punto de desencuentro sobre los costes, al entender la DGA que existía una diferencia de 18 millones de euros entre el coste real y la cantidad que el Gobierno quería pagar. En la reanudación de las conversaciones, los representantes autonómicos y nacionales tienen que realizar una nueva evaluación de los costes reales del traspaso.

Con motivo de la clausura de las VIII Jornadas de Jueces Decanos, que se han celebrado en Zaragoza, el juez decano de esta capital, Mauricio Murillo, retomó el argumento expresado días antes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, sobre la dificultad añadida que supone la actual situación de "interinidad" para el desarrollo de la acción judicial.

Mauricio reconoció que se trata de un problema de "precio", en el que "unos quieren vender barato y otros comprar barato". El juez decano fue rotundo al ser preguntado por la opinión de los magistrados aragoneses sobre el traspaso al contestar: "Hágase de una vez".