Elaborar una ordenanza que diga a los ciudadanos cómo deben comportarse en la vía pública y que contemple sanciones para quienes generan problemas de convivencia, nunca resulta plato de buen gusto para el partido que gobierna. Es impopular. El Ayuntamiento de Zaragoza lo intentó a principios de este año, animado por el ejemplo de Barcelona y su ordenanza municipal de civismo, pero decidió dar marcha atrás al ver que la medida despertaba las críticas de algunos colectivos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el equipo de gobierno optó por esperar un momento más propicio.

¿Por qué tanto temor?, ¿qué es lo que se esconde detrás de la palabra civismo y su regulación? Rafael Jiménez Asensio, director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona y artífice de la polémica ordenanza catalana, respondía ayer a estas cuestiones en unas jornadas organizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza. "Las ciudades sufren un proceso de transformación importante en cuanto a la pérdida del valor de lo público, en cuanto al aumento de la mala educación (constatado por los sociólogos) y en cuanto a la progresiva degradación de los estándares de la convivencia", contextualizó el jurista.

Esa pérdida de valores se ha ido manifestando en fenómenos como el vandalismo, la generalización de los grafitos, el aumento de la contaminación acústica que perturba el derecho al descanso y la aparición de la paramendicidad (mendicidad agresiva como la de algunos limpiaparabrisas o vigilantes de aparcamiento, la petición de dinero a través de niños...). "El hacer necesidades fisiológicas en la calle, el consumo intensivo de bebidas alcohólicas por parte de numerosas personas, la oferta y demanda de servicios sexuales en el espacio público... ¿Es razonable que se ejerza la prostitución a 200 metros de un colegio o frente a los comercios, con el consiguiente perjuicio económico para ellos?", ejemplificó Jiménez Asensio.

El jurista dedicó meses a la elaboración de la ordenanza. Meses en los que el ayuntamiento tuvo que hacer frente a fuertes presiones por parte de la opinión pública, que veía amenazada la libertad individual del ciudadano y cuestionaba la compatibilidad de esta norma con la Constitución. "Fue un proceso durísimo, pero fuimos valientes. La ordenanza requería de un fuerte liderazgo y lo hubo", sostuvo el jurista.

Claro que también reconoce la necesidad de un pacto entre las formaciones políticas. "En Barcelona, la ordenanza la sacó adelante un gobierno de izquierdas. Lo que nunca puede hacer la izquierda es decir que los problemas de convivencia debe resolverlos la derecha", valoró.

En su opinión, a este pacto debe sumarse el consenso social. "Para una ciudad como Zaragoza tampoco será fácil, salvo que se haga mucha pedagogía antes. Ahora, con el fin de la legislatura tan próximo, no es el momento. Ningún alcalde, salvo que sea un suicida, impulsaría ahora una norma cívica como esta", concluyó el jurista.

En Barcelona, la norma que él redactó entró en vigor hace diez meses. El balance es positivo porque se han reducido fenómenos como el top manta o los limpiaparabrisas de los semáforos, aunque prevalece la mendicidad con menores de edad y la prostitución en la vía pública.