La DGA quiere poner a su nombre la reserva estratégica de agua de Aragón. El documento de las Bases de la Política del Agua que el Departamento de Medio Ambiente remitirá a las Cortes para su debate propone solicitar a las confederaciones hidrográficas del Ebro, el Júcar y el Tajo que registre como reservas de caudales de titularidad del Gobierno aragonés los recursos necesarios para totalizar los 6.550 hectómetros cúbicos anuales que señala como objetivo el Pacto del Agua, el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía. La propuesta incluye reclamar como concesión de la DGA "los recursos regulados en los embalses cuyos usuarios no estén identificados" al solicitarlo.

Según explicaron fuentes del Instituto Aragonés del Agua (IAA), 3.600 hectómetros anuales se consideran comprometidos desde hace décadas. El Pacto del Agua propone habilitar 2.100 más --solo están construidos los embalses de Guara, El Val y Montearagón, y está en marcha el diseño de San Salvador, el recrecimiento de Yesa y el Biscarrués redcucido con sus balsas de apoyo-- y consignar una reserva estratégica de 850 más. Queda por construir los almacenes para casi 2.800.

El documento, que propone incluir su contenido en el PHN --recurriendo, si es necesario, a la iniciativa legislativa de las Cortes--, reclama para la comunidad las competencias en materia hidráulica, ya sea por transferencia o por encomienda. No obstante, insiste el el respeto a la unidad de cuenca.

Por otro lado, las Bases de la Política del Agua reclaman la "urgente apertura" de bancos de agua "limitados a la solución de problemas coyunturales en situaciones de sequías o de sobreexplotación y siempre dentro de la comunidad autónoma". Estos "centros de intercambio de derechos" sobre la gestión de los recursos hídricos, controlados por las confederaciones hidrográficas, tienen como finalidad permitir la cesión de caudales de "los concesionarios menos interesados en el empleo del agua" a "otros usuarios con mayor interés" bajo el precio que fije la administración. La asignación de la reserva hidráulica permitiría a la DGA, explicaron fuentes del IAA, poner derechos no utilizados a disposición de áreas deficitarias.

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, destacó el grado de participación pública en la elaboración del documento, que saldrá de las Cortes con rango de directriz sectorial y al que calificó de "carta magna del agua en Aragón". Boné, que señaló que la sequía es en la comunidad algo cotidiano y no coyuntural, afirmó que "no necesitamos a la CHE para nada".