La iglesia gótico-mudéjar de San Pedro de Los Francos volvió a abrir sus puertas completamente rehabilitada 27 años después de que tuviera que ser cerrada por su estado ruina. El alcalde de Calatayud, Fernando Martín, el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández y el director de Patrimonio de la DGA, Jaime Vicente, presidieron la reinauguración de este templo para uso cultural sin la presencia anunciada de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que puso como excusa asuntos relacionados con el Consejo de Ministros celebrado horas antes.

Como no podía ser de otra forma, ni la solemnidad del acto --al que asistió el obispo de Tarazona, Demetrio Fernández-- ni la importancia histórica y artística de este templo del siglo XII y ni siquiera el esfuerzo realizado por las tres instituciones para la rehabilitación de este inmueble, que ha costado más de 2,5 millones de euros, evitó que sus representantes se dedicaran a sacar partido, en lugar de pecho, en sus discursos.

Mientras el alcalde bilbilitano resaltó la importancia del convenio firmado en 1998 entre el ayuntamiento, la DGA y el Ministerio de Fomento "que entonces presidía Álvarez Cascos", para la rehabilitación de este monumento; el delegado del Gobierno, Javier Fernández, se "honró en recordar" al primer edil de Calatayud que "ha sido el actual Ministerio de Vivienda, a cuyo frente está Maria Antonia Trujillo, el que ha podido finalizar las obras en cooperación con las otras dos administraciones". Por si fuera poco, el director de Patrimonio de la DGA, Jaime Vicente, puso la guinda al señalar que había sido el anterior alcalde socialista bilbilitano, Jorge Sánchez, el que inició la consolidación del inmueble actuando sobre los cimientos para que no se hundiera.

Para la rehabilitación integral de este monumento, que ha sido dirigida por el arquitecto José María Valero, fue necesario firmar también en el año 1998 un acuerdo con la Diócesis de Tarazona, propietaria del inmueble, para que esta última cediera su uso al ayuntamiento por 30 años. De esta forma, el Gobierno central subvencionó el 50% del presupuesto de la rehabilitación, mientras que la DGA y el ayuntamiento contribuyeron con el 30 y el 20% respectivamente.