Los intereses económicos que inicialmente parecían encontrarse tras la iniciativa para modificar la línea fronteriza han desaparecido por sí solos. Las 44 hectáreas en litigio comenzaron a ser trabajadas por agricultores que, mayoritariamente, cultivaban en ellas maíz y alfalfa. En el caso del primer cultivo, la pertenencia a uno de los dos municipios conllevaba una notable diferencia de ingresos. A principios de los años 90, las ayudas de la Política Agraria Comunitaria llegaron a ser hasta 20.000 pesetas por hectárea más elevadas en el Segriá --comarca a la que pertenece Almacelles-- que en la Litera --a la que está adscrita Tamarite--. No obstante, con el tiempo esa situación fue cambiando. Las subvenciones por el cultivo del maíz se fueron reduciendo como consecuencia de las penalizaciones de la Administración catalana al rebasar los límites asignados.
