La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer a los miembros del Consejo Nacional del Agua su intención de modificar la Ley de Aguas para introducir dos novedades relacionadas con el abastecimiento urbano: la garantía del suministro de un volumen mínimo de recurso potable por habitante y la modificación del régimen de tarifas para primar el ahorro.

Narbona cifró en 60 litros por persona y día el volumen mínimo de suministro que debería quedar garantizado por ley. Esa cantidad supone algo más de una tercera parte del consumo medio de los aragoneses, que en el 2004, según los últimos datos disponibles en el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), era de 162 litros por jornada. En el caso de la capital, el mínimo garantizado se situaría entre la mitad y los dos tercios del necesario: cada zaragozano consumía hace dos años una media de 109 litros diarios. En los trece años que discurrieron entre 1991 y el 2004, cayó un 23%. La reducción fue de 34 litros por persona y día.

La ministra se mostró partidaria de combinar ese cupo mínimo con "una estructura de tarifas que incorpore un uso eficiente del agua". Se refería, según explicaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, a incentivar el ahorro mediante una modificación del régimen tarifario que penalice el despilfarro.

No obstante, las mismas fuentes indicaron que el precio del agua de consumo doméstico es tasado por los ayuntamientos, por lo que la reforma legal tendría un carácter más bien orientativo. El consistorio de la capital aragonesa aplica un sistema de bonificaciones a las familias en función de la reducción del consumo que consiguen en sus hogares.

La DGA declinó pronunciarse sobre el anuncio de Narbona hasta que la propuesta se materialice en un documento.

El mal aprovechamiento del agua no se produce únicamente en los hogares. Una buena parte se pierde mientras circula por la red de distribución, como consecuencia del mal estado en el que se encuentra. En el caso de Aragón, según los Indicadores del agua del IAEST, casi la cuarta parte del agua que entraba en las cañerías --el 23,5% en el año 2003-- se perdía sin llegar a su destino. Solo siete años antes la merma superaba la tercera parte del caudal --llegaba al 34,1%--. Aun supera en cinco puntos la media española.

La propuesta de Narbona no llegó a ser debatida ayer en el Consejo, que si trató varios borradores de real decreto. Uno de ellos se refiere a la reutilización de caudales residuales tras su tratamiento, que quedó finalmente sobre la mesa, ante las discrepancias de los consejeros, para ser debatido antes de votarlo.

La DGA mostró su apoyo a la normativa sobre reutilización y propuso, según explicó el director del Instituto Aragonés del Agua, Adolfo Cajal, una medida para incrementar el control de la calidad de estos recursos, para la que el Ministerio de Sanidad ha propuesto unas tablas de carácter restrictivo en función de los usos a los que vaya a ser destinado el recurso. El Gobierno de Aragón recomendó que los análisis incluyan la detección de los colífagos presentes en el agua en lugar de reducirlos a la búsqueda de gérmenes e-coli, ya que las primeras partículas colonizan cualquier tipo de virus y, por lo tanto, su estudio mejoraría las posibilidades de alerta por la presencia de sustancias nocivas en el agua.

El agua tiene en Aragón un precio medio de 66 céntimos, 20 por debajo de la media nacional. Casi dos terceras partes de esa factura --42 céntimos-- procede del abastecimiento, mientras el resto --24-- es imputable al tratamiento de aguas residuales. En el 2004 se vertían en Aragón 597,4 millones de litros de agua residual. Se trataban 572,6, pero solo se reutilizaban 959.000.