La gestión del transporte público en las zonas rurales provoca de manera frecuente elevados gastos a las administraciones locales, que se ven obligadas a financiar determinados servicios, caso de los de carácter sanitario o social. Esta situación ha hecho que numerosos ayuntamientos de la comunidad se hayan ido dirigiendo al Gobierno y a los grupos políticos para solicitarles la introducción de modificaciones en la regulación del sector. En esta línea, la exposición de motivos del proyecto de ley indica que las medidas recogidas en el texto serán adoptadas "con independencia de que en un futuro próximo se aborde la tarea de la regulación integral del transporte de viajeros por carretera en la comunidad".
