El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número uno de Zaragoza ha responsabilizado al Gobierno aragonés de la reposición en su puesto del secretario municipal de Alhama de Aragón, Pascual García Gracia, ante la reiterada desobediencia a las órdenes judiciales del alcalde la localidad, Pedro Lacruz Francia.
Según un auto judicial, Lacruz no solo ha desobedecido "palmariamente" las resoluciones del juzgado, "sino que encadena decreto tras decreto de suspensión provisional de funciones con la finalidad de evitar que el recurrente se incorpore a su puesto de trabajo".
El conflicto en el consistorio de Alhama data de mayo del 2005, cuando el alcalde cesó en sus funciones a Pascual García por supuestas anomalías registradas en el cumplimiento de sus funciones, que no han sido avaladas documentalmente en este tiempo. Esta situación ha llevada a la parálisis del consistorio y a la presentación de diversas querellas y denuncias contra Lacruz, así como multas, que, al parecer, podrían haberse cubierto con dinero público.
Sin embargo, ni las multas, ni las querellas y denuncias, ni las peticiones de dimisión del PSOE --partido en cuyas listas se presentó como independiente-- y del PP han obligado a Lacruz a dejar la alcaldía ni a reponer el secretario, pese a los perjuicios que la postura del edil ha causado a terceras personas.
En la última resolución judicial, con fecha del pasado 17 de mayo, el juez advierte que el trabajo de Pascual García es realizado por funcionarios designados por la Dirección General de Administración Local y Política Territorial del Gobierno aragonés.
Por este motivo, el juez ha nombrado a la citada Dirección General "comisaria delegada" para que ejecute la reposición del secretario municipal, a quien dará posesión el funcionario que realice el trabajo en la secretaría del consistorio, "para lo que no será precisa la firma ni la intervención del alcalde". La sentencia impone las costas de este procedimiento al Ayuntamiento de Alhama.
DESOBEDIENCIA En el auto, el juez recuerda la situación anómala que ha supuesto la suspensión cautelar del secretario, quien, "a pesar de todos los expedientes abiertos y actuaciones penales" contra él, no ha recibido ninguna sanción ni medida cautelar "que impida su reintegración a su puesto de trabajo".
El conflicto de Alhama ha trascendido del ámbito local y autonómico. El Ministerio de Administraciones Públicas ordenó al alcalde que repusiera a su secretario, pero Lacruz, que tiene pendiente causas por prevaricación, falsedad de documento público y desobediencia, ha hecho oídos sordos a todos los requerimientos.
Tanto el secretario afectado, con sus abogados, Enrique Trebolle e Ignacio Gimeno Gasca, mostraron ayer su satisfacción por la resolución judicial dictada.
