El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) ha indemnizado a una mujer con 75.000 euros por las secuelas sufridas a causa de la demora en el diagnóstico de un cáncer vaginal y que supuso un tratamiento más intensivo, informó hoy el abogado Ricardo Agóiz, de la asociación del Defensor del Paciente en Aragón.

Los hechos se remontan a enero de 2006, cuando Olha Z., de unos 50 años y natural de un país del este, sufrió una hemorragia vaginal y acudió a Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde le detectaron un "mioma intramural en cara posterior de tres centímetros, así como un quiste unilocular en anejo derecho de 3,3 centímetros".

En Urgencias remitieron a la paciente a Ginecología de su Centro de Salud, donde transcribieron los datos del informe sin practicar otras pruebas complementarias, ni exploraciones, agregó en un comunicado Agóiz, especialista en derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Aragón.

Según el letrado, a la mujer simplemente le recetaron pastillas reguladoras de la función hormonal primero durante tres meses y, posteriormente, para otros tres meses más.

En abril de ese mismo año la paciente volvió a la consulta de Ginecología de su Centro de Salud por persistencia del sangrado vaginal y le modificaron el tratamiento hormonal, sin exploraciones o estudios complementarios, afirmó.

Un mes más tarde la paciente volvió a acudir a Urgencias del Hospital Miguel Servet por la persistencia en el sangrado y dolor hipogastrio derecho.

A partir de ese momento, agregó Agóiz, se le realizaron diversas pruebas que manifestaron un cáncer ya desarrollado de ocho por seis y por cuatro centímetros del que fue operada el 4 de julio de 2006 en el Miguel Servet, donde seguidamente se la trató con quimioterapia y radioterapia.

El 24 de julio del pasado año la paciente inició una reclamación de responsabilidad patrimonial, en vía administrativa, frente al Servicio Aragonés de Salud, dependiente del Gobierno de Aragón.

En las conclusiones se estableció que resultaba evidente la ausencia de exploración física, toma de muestras y petición de prueba complementaria alguna en las consultas especializadas de su Centro de Salud de enero y abril de 2006, ya que "subsistía una metrorragia anormal no diagnosticada y causada por el crecimiento de un tumor maligno, que se pudo detectar con antelación mediante una exploración detenida".

Por ello se consideró que hubo una demora diagnóstica que supuso una pérdida de oportunidad que motivó la necesidad de un tratamiento más intensivo.

El pasado 10 de octubre los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Aragón llegaron a un acuerdo por el que se abonó a la paciente la cantidad de 75.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.