REGULAR EL ALUMBRADO: El pleno rechazó una proposición de ley presentada por IU para ordenar el alumbrado y proteger el medio nocturno. Fue apoyada por el PP y CHA, mientras que el PSOE y el PAR la rechazaron. El portavoz de IU, Adolfo Barrena, declaró que esta ley pretendía "mejorar el medio ambiente, la salud, la eficiencia energética y la disminución del consumo enérgico con medidas economías, ambientales y sociales". Sin embargo, los dos grupos que apoyan al gobierno, PSOE y PAR, consideraron que éste no era el momento para debatir esta ley, porque hay que esperar primero a la aprobación de la LOTA y la LUA.
RADIOTELEVISIÓN: Se aprobaron por asentimiento los consejeros de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión propuestos por los distintos grupos parlamentarios. Por el grupo socialista serán consejeros León Buil, Aurora Egido, Ruth Vallejo, José María Becana, Luis Sol, María Jesús Tudelilla, Vicente Guillén, Begoña Martínez y Juan Ramón Portillo. Los consejeros a propuesta del PP son José Luis Escutia, Juan Antonio Foncillas, Yolanda Juarros, Ignacio Palazón, Marco Rando y María Dolores Serrat, mientras que los del PAR son Hugo Miquele y Sergio Larraga, de CHA Josefina Musulén y de IU Pedro Olloqui.
EDUCACIÓN: Una moción del PP relativa a la política educativa del Gobierno, con la que pretendía instar la adopción de medidas para luchar contra el fracaso escolar y planificar nuevos centros en las zonas saturadas para bajar las ratios, fue rechazada por el resto de grupos. Con su iniciativa, la diputada popular María Antonia Avilés pedía planificar nuevos centros escolares en las zonas saturadas y garantizar mejoras en el aprendizaje, y establecer cursos de aprendizaje de lenguas extranjeras para los profesores.
AYUDAS A GANADEROS: No prosperó una moción del PP que pedía exenciones fiscales para los ganaderos aragoneses y otras medidas para impulsar el sector, iniciativa que defendió el diputado Joaquín Salvo. Salvo pidió que en los presupuestos del 2008 se contemple la eliminación de las tasas por expedición de guías para el traslado de animales y todas aquellas otras que sean consecuencia de exigencias que la Administración impone a los ganaderos. También, que la DGA se haga cargo de los gastos derivados de la retirada de cadáveres animales.
