El Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón ha decidido agilizar los trámites para realizar las valoraciones de la dependencia, sustituyendo escollos burocráticos, aumentando el número de posibles valoradores y descentralizando la rúbrica de los informes a los servicios provinciales. Además, entran en el sistema los trabajadores sociales, que deberán emitir el llamado Programa Individual de Atención (PIA), es decir, un informe con los servicios a los que tendrá derecho el usuario.

Todas estas modificaciones, encaminadas a la simplificación del procedimiento (y a ganar tiempo), fueron publicadas ayer a través de una orden en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). "Dada la experiencia de estos meses vimos que era necesario agilizar los trámites", explicó Luis Bo, director general de Atención a la Dependencia. De hecho, por el momento se ha valorado a 4.411 grandes dependientes, a pesar de que el departamento calcula que hay 7.000 personas en esta situación. Quedan pendientes entonces casi 3.000 personas para someterse a esta evaluación, trámite que deberá realizarse antes de diciembre.

PLAZOS APURADOS Este año deberían entrar en vigor las ayudas dirigidas a este grupo de personas. Sin embargo, parece que las prestaciones se harán esperar, entre otras cosas por la falta de consenso sobre los baremos o el copago en el consejo territorial. El retraso es común a todas las comunidades españolas.

La orden que se publicó ayer viene solo a intentar mitigar las demoras en la valoración de las personas dependientes, estableciendo cambios en el procedimiento. "A partir de ahora podremos emitir informes sobre las prestaciones de cada usuario. Hasta ahora solo podíamos valorar", indicó Bo. Así, se eliminan las figuras de la Comisión de Valoración de la Dependencia, que en un primer momento debía confirmar los informes realizados por los valoradores; y de la Comisión Asignadora de Servicios y Prestaciones, que debía realizar el PIA. Estos órganos colegiados han muerto incluso antes de nacer, ya que Servicios Sociales lleva varios meses planteando un cambio en el procedimiento y nunca llegó a formarlos oficialmente.

A partir de ahora, se considerará directamente como válido el informe de los técnicos encargados de clasificar a los aspirantes a las ayudas, que, a su vez, será supervisado por un coordinador y un jefe de sección. De este modo, se evita el paso de crear una comisión final, un paso que Bo calificó de "reiterativo".

Asimismo, tras las quejas del Colegio de Trabajadores Sociales, que pedían formar parte del sistema, se introduce a estos profesionales en la parte final de la valoración. Así, los servicios sociales de base realizarán un informe, tras comunicar al usuario cuáles son los recursos más cercanos a su domicilio (centros de día, residencias...) y recabar su opinión. Tras este trabajo de campo, el trabajador social elevará una propuesta, es decir, un anteproyecto del PIA. Este informe deberá ser emitido en el plazo de un mes desde que sea requerido por Servicios Sociales.

Cambia también quien tendrá el poder decisorio fina, ya que la orden establece que la responsabilidad sea de las direcciones provinciales de Servicios Sociales, en el caso de Huesca y Teruel; y de la Dirección General de Atención a la Dependencia en Zaragoza, ya que en la capital no hay servicio provincial.