Desde que el Archivo de la Guerra Civil de la Delegación del Gobierno en Aragón abrió sus puertas, el 18 de julio de 2006, ha recibido 430 preguntas enviadas por particulares interesados en recibir información sobre aspectos concretos de la contienda y de la posguerra.

El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, presentó hoy en rueda de prensa un balance de la actividad del primer año de este archivo.

De esas 430 consultas, 220 provenían de la provincia de Zaragoza, 114 de la de Teruel y 82 de la de Huesca, mientras que 12 requerimientos han llegado de otras provincias españolas y 2 de otros países.

La mayor parte de las peticiones recibidas proceden de familias del bando republicano, aunque también se han recibido solicitudes de familiares de personas del bando franquista desaparecidas en el frente.

Una buena parte de estas personas reclama información sobre el periodo de cárcel o los lugares y fecha de fusilamiento de sus familiares, otro alto porcentaje pide datos acerca de los lugares en los que éstos hicieron trabajos forzosos y un importante número de preguntas se refiere a las fosas comunes.

Para contestar a las demandas planteadas, el profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza Alberto Sabio, asesor cultural de la Delegación, ha consultado los archivos de Delegación del Gobierno en Aragón y de las Subdelegaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza, los archivos de los centros penitenciarios de Teruel y de Zuera, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, y los de dependencias militares.

Después del estudio realizado, el profesor Sabio considera que los datos obtenidos podrían servir de "germen" de una futura base de datos que permitiese posibles pruebas de ADN en caso de exhumación de restos en fosas comunes.

Además, propone actuaciones complementarias, como la elaboración de micro-biografías, de una página web con el censo de víctimas aragonesas de la guerra o de un archivo audiovisual.

Algunas de estas medidas ya están implantadas en Comunidades como Cataluña o Andalucía.

El proceso sigue abierto y, en este momento, están en estudio casi 200 solicitudes.