El pleno municipal aprobó en abril del año pasado una permuta de 52,5 hectáreas de suelo municipal, la mayor parte rústicas, por 20 hectáreas particulares de un vecino. Según la sentencia, aunque la construcción de un polígono industrial (que era la pretensión de la permuta) pueda ser legítimo, parte de las aportaciones municipales no están justificadas y el reparto realizado no está equilibrado.
Según aseguran desde el grupo Compromiso por Caspe, el ayuntamiento gobernado por la alcaldesa socialista Teresa Francín aprobó esta permuta a sabiendas de que "era perjudicial para los intereses del consistorio". Francín, por su parte, asegura que la oposición ha puesto continuas trabas al nuevo polígono hasta que ha conseguido paralizarlo en el juzgado que, según ella, "es perjudicial para todo el pueblo".
