El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, alertó hoy de la existencia de algunas residencias alegales en la Comunidad Autónoma, centros que "no están mal" pero donde los ancianos son "más vulnerables", ya que están "fuera del control" de las administraciones.

Así lo indicó a los medios de comunicación después de presentar el "Informe sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón" en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes autonómicas, un documento de más de 470 páginas a cuya elaboración se han dedicado nueve años en los que se han visitado 123 centros de este tipo.

"Hay algunas residencias en la que faltan algunos requisitos legales para su apertura", dijo el Justicia, al tiempo que reconoció que aunque son centros que "no están mal" hay que tener en cuenta que "están de alguna forma fuera de control" y los ancianos que viven allí "son más vulnerables" y "están más indefensos", una situación que a su juicio "se da más en la ciudad que en el mundo rural" y a la que hay que responder con la coordinación de las administraciones.En Aragón hay 5,8 plazas de residencia por cada cien mayores de 65 años y la lista de espera para optar a una de ellas crece de forma importante debido a la mayor esperanza de vida, por lo que según García Vicente se deben de poner en marcha una serie de soluciones encaminadas a dar respuesta a esta demanda social."Todos tenemos un deber moral de ocuparnos de las personas mayores, por reciprocidad y por lo que ellos hicieron cuando nosotros éramos niños, y cuando una persona puede estar en su casa con más o menos ayuda es donde mejor se va a encontrar", dijo el Justicia, quien abogó por ofrecer ayudas a las familias que tengan ancianos a su cargo para que puedan conciliar la vida laboral y familiar.Otra posible solución es el "acogimiento familiar", cada vez más habitual en Europa y que consiste en que un anciano se traslada a casa de una persona de su mismo pueblo o entorno, a quien se le da una ayuda económica, con el objetivo de que no se produzca aislamiento y que los ancianos sigan viviendo en su ambiente.El Justicia resalto que "sería bueno que cada vez fuese más la administración local la que asumiera, con financiación, las competencias" sociales referentes al mayor, y en este sentido agregó que hay que abogar por que los ayuntamientos y las comarcas tengan más intervención en las residencias y centros de día, porque "desplazar a las personas mayores siempre es un riesgo".No obstante, reconoció que en algunos casos es inevitable que un anciano tenga que trasladarse a vivir a una residencia, pero en esta situación, a su juicio, se debe trabajar por ofrecer el mejor servicio posible, algo que pasa por la profesionalización de los trabajadores, por el incremento de personal o por la incorporación de sanitarios.La diputada del PP Carmen Pobo resaltó la urgente necesidad de incrementar el número de plazas residenciales en Aragón, ya que la actual situación es "preocupante", y llamó la atención especialmente sobre aquellas personas que no pueden optar a plazas públicas, ya que no cumplen los requisitos, y tampoco a una privada porque no pueden asumir los gastos.Por su parte, el portavoz de CHA, Chesús Bernal, lamentó que el Gobierno de Aragón "mire para otro lado" y permita que se incumplan unos mínimos legales en cuanto al número de empleados o la sobrecarga de trabajo, algo que se traduce en que el Ejecutivo "son más vulnerablesestán más indefensosse da más en la ciudad que en el mundo rural

Todos tenemos un deber moral de ocuparnos de las personas mayores, por reciprocidad y por lo que ellos hicieron cuando nosotros éramos niños, y cuando una persona puede estar en su casa con más o menos ayuda es donde mejor se va a encontrar

acogimiento familiar

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