Un comandante de la Guardia Civil y otras tres personas serán juzgados hoy en Huesca por un delito de caza furtiva cerca del Parque Nacional de Ordesa, en el Pirineo, por lo que el fiscal pide multas de 3.600 euros para cada uno de ellos.

Los acusados fueron detenidos el 7 de noviembre del 2004, cuando circulaban en un vehículo todo-terreno por la reserva nacional de caza de Viñamala, en las inmediaciones del Parque de Ordesa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que detuvieron a los implicados encontraron en el vehículo dos rifles Steyr Mannliche y un sarrio macho muerto.

Según la acusación, el arresto fue propiciado por dos celadores de la reserva de caza y un agente forestal, que escucharon el disparo de un rifle y alertaron a la Guardia Civil de Huesca.

Junto al oficial de la Guardia Civil, destinado entonces en Ciudad Real, donde fue durante varios años responsable provincial del Seprona, fueron detenidas otras dos personas residentes en la misma ciudad y un exguarda forestal domiciliado en Zaragoza. Este último había trabajado en el citado parque de Ordesa y actuaba como guía de los furtivos.

PROPÓSITO CRIMINAL A juicio de la Fiscalía, los acusados actuaron "de común acuerdo en la acción y en el propósito criminal, sin haber obtenido la debida autorización administrativa para dicha actividad de caza en una reserva, y sin tener a su disposición la correspondiente licencia de caza de Aragón".

El ministerio fiscal imputa a los cuatro cazadores sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y solicita para cada uno de ellos multas que ascienden a 3.600 euros, así como cinco años de inhabilitación para la práctica de la caza.

Además, reclama al tribunal que los acusados indemnicen de forma conjunta al Gobierno aragonés por los daños causados por la muerte del sarrio, en las cantidades que determinen los peritos en ejecución de sentencia.

El mismo tribunal juzgará posteriormente a otras tres personas que fueron sorprendidas en marzo del 2005 cuando circulaban a través de una finca particular en un todoterreno en el que llevaban 33 aves protegidas que habían cazado, presuntamente, en una zona de campo del municipio altoaragonés de Aínsa.

El fiscal imputa a los acusados un presunto delito contra los recursos naturales y solicita para cada uno de ellos multas cercanas a los 3.000 euros, así como una prohibición para practicar actividades de caza o pesca durante un periodo de cuatro años.

Durante los años en que ocurrieron estos hechos, la caza furtiva experimentó un fuerte auge, lo que llevó al Gobierno aragonés de incrementar fuertemente las multas por este tipo de actividades.