La Delegación del Gobierno en Aragón interviene en el juicio a través del abogado del Estado Carlos Solchaga, que se adhirió a las conclusiones del ministerio fiscal (18 años de cárcel y 150.000 euros de indemnización). La institución estatal tiene reservada esta potestad, que se halla contemplada en la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género para aquellos casos de malos tratos que revistan una gravedad especial.