La oferta económica de International Leisure Development (ILD), el consorcio que impulsa el complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala, ha decepcionado a parte de los propietarios de los terrenos de La Almolda en los que han puesto sus ojos los promotores.

La oferta consiste, entre otros detalles, en el pago de un 5% del valor del suelo, con la obligación de devolver esa señal para los agricultores si en dos años el proyecto del complejo no se materializa y con una penalización del cuádruple del primer pago para los propietarios si deciden romper el preacuerdo.

International Leisure Development está dispuesto a pagar 6.000 euros por hectárea y 9.000 cuando se trate de campos afectados por primas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), con lo que las señales oscilarían entre 300 y 450 euros. Lo habitual en una opción de compra es pagar como señal entre el 10% y el 15% del valor, dinero que el adquiriente pierde si no materializa el acuerdo.

IMPUESTOS Otro punto de carácter económico que no terminan de ver claro los propietarios es el pago del impuesto de plusvalías. Los terrenos están escriturados y catastrados con valores de en torno a 1.200 euros y son rústicos. El cumplimiento de los preacuerdos conllevaría que fueran recalificados como urbanizables o de equipamientos y su valor se elevaría a 6.000 o 9.000, según el caso. En esta situación, los agricultores deberían pagar un tributo de entre el 18% y el 20%, es decir, entre 1.080 euros con la tasa baja en las tierras sin PAC y 1.900 en el tramo alto de los campos con prima comunitaria. O lo que es lo mismo: que ingresarían un máximo de 7.100 euros vendiendo campos a 9.000.

En las primeras reuniones con representantes de ILD y del Gobierno de Aragón, los agricultores de La Almolda reclamaron que el precio fuera limpio, es dedir, que el Impuesto de Plusvalía fuera asumido por los compradores. Sin embargo, la propuesta de contrato preparada por International Leisure Development señala lo contrario: que lo pagarán los actuales dueños del suelo, los cuales, además, deberían poner las tierras a disposición del consorcio libres de cargas y gravámenes.

Estas condiciones han hecho que una parte de los propietarios y agricultores de la zona se planteen dudas sobre la posibilidad de cerrar preacuerdos para la venta de los terrenos. Algunos de ellos han consultado la propuesta de ILD con abogados en la última semana.