Trabajar con los alumnos expulsados o absentistas reincidentes de manera que no se desvinculen de sus obligaciones y, al mismo tiempo, se reintegren a través de tareas socioeducativas es el objetivo del proyecto Lazarillo, puesto en marcha a finales de noviembre en el Instituto Fernando Lázaro Carreter de Utrillas. A través de un acuerdo firmado a finales de noviembre por Francisco Altaba, presidente de las Cuencas Mineras, la directora del centro educativo, Josefa Tirado, y los responsables de las entidades colaboradoras, los menores podrán realizar parte de su expulsión en distintos centros de la comarca.

La Cruz Roja, la residencia de mayores Miguel de Molinos de Muniesa, la del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Utrillas, el centro de prevención comunitaria y el centro ATADI-ADIPCMI son las entidades colaboradoras. Según indica la educadora social Yolanda Encinas, los trabajos no son de tipo físico, sino de participación social, con tareas como apoyo al voluntariado, elaboración de materiales, acompañamiento o ayuda en talleres de ocio y tiempo libre, entre otros.

"Creemos que esta alternativa puede ser muy positiva, porque lo normal cuando se expulsa a un menor es que cumpla la sanción en casa, lo que para ellos es un premio porque no tienen que hacer frente a sus obligaciones escolares", explica Encinas. De este modo, los jóvenes no solo trabajan en proyectos socioeducativos rehabilitadores, con los que poder motivarse y sentirse útiles, sino que, además, se facilita la prevención de situaciones más graves. "Así los captamos, por así decirlo, los vamos conociendo, y si surgen otros problemas podemos trabajarlos mejor", añade.

Por el momento, el plan se ha puesto en marcha con un alumno, que desarrollará su trabajo en el centro ATADI-ADIPCMI, de personas con discapacidad intelectual. Se han elaborado protocolos de actuación y un proyecto individualizado en el que el joven también podrá evaluar su propia experiencia. Los padres están "encantados". Al menor, sin embargo, "no le hizo tanta gracia", aunque finalmente aceptó colaborar. Yolanda Encinas confía en que este sea solo el primer paso de una experiencia "que hacía falta, porque estos problemas se quedaban siempre en tierra de nadie".

En principio, y según apunta la directora del centro, Josefa Tirado, unos 20 alumnos, de los 400 que tiene el centro, podrían ser susceptibles de participar en el programa. Las expulsiones se concentran habitualmente en 1° y 2° de ESO, "con algún caso esporádico en 3°". Se trata solo de los alumnos reincidentes, no de los que son sancionados solo en algún momento puntual.

Tirado se muestra esperanzada ante las posibilidades, aunque lamenta que sean los propios padres los que se echen atrás. Hay que tener en cuenta que esta iniciativa no responde a sentencias ante casos de delincuencia, sino solo a sanciones dentro del propio ámbito escolar, por lo que no se puede llevar a cabo si las familias y las jóvenes no aceptan colaborar. Encinas atribuye este rechazo inicial a una concepción errónea de los servicios sociales, "que se cree que están destinados a situaciones muy graves y problemáticas, cuando no es así". Por ello, se pondrán en contacto directamente con los familiares para que vean "que es algo positivo, para que no se queden en sus casas".