El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el 2000 un listado de viviendas ilegales diseminadas por barrios rurales que podían reconducir su situación y, con una inversión cercana a los 13.000 euros, convertirse en casas reconocidas legalmente. Aunque en algunas urbanizaciones se han dado pasos adelante, Urbanismo reconoce que ni uno solo de los propietarios de las denominadas zonas K ha concluido el proceso. Al parecer, los trámites se encallan cuando los dueños tienen que hacer efectivo el desembolso económico.

El listado que se elaboró en el 2000 establecía unos requisitos para que los propietarios de las edificaciones ilegales, construidas en algunos casos hace medio siglo, pudieran legalizar su situación. Estas viviendas debían estar ubicadas en zonas no inundables, no provocar agresiones urbanísticas en el entorno... Superados estos impedimentos, el reto era ser incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En el 2005 se aprobó inicialmente un plan especial en el que se pactaron las condiciones de la integración como superficie edificable de unas 90 hectáreas del término municipal. Tras once meses de trámites, en mayo del 2006 se aprobó definitivamente este plan especial que afectaba a unas 700 familias propietarias de chalets y edificaciones irregulares en urbanizaciones de Garrapinillos, Montañana y Peñaflor.

En este nuevo paso se concretaron los detalles sobre abastecimiento y saneamiento y limpieza y recogida de basuras para estos vecinos. El paso del terreno rústico al edificable obliga a ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico de los suelos al consistorio y, consecuentemente, a comprar y acondicionar, a cargo también de la propiedad, más de diez hectáreas de zonas verdes.

Superada esta exigencia, los dueños de estas casas debían afrontar la reparcelación de los terrenos para conocer con exactitud cuánto debía abonar cada uno. Además de estos pagos, los titulares de las fincas siguen pagando los impuestos municipales que ya pagaban, como el de bienes inmuebles (IBI) en caso de chalets y edificaciones con destino a vivienda, o el de bienes rústicos, en el caso de las huertas.

Si se supera todo este papeleo y previo abono de la cantidad estipulada en cada caso, estas viviendas lograrán décadas después estar conectadas a la red de alcantarillado y ya no tendrán fosas sépticas como hasta ahora. Según fuentes municipales, estas actuaciones corren siempre a cargo de quien construye y se añaden luego al precio del piso, en este caso también, aunque con décadas de retraso. Se han dado muchos pasos, pero ninguna vivienda ha logrado aún conectarse a las redes municipales.

En distintas fases están las viviendas de siete zonas diseminadas por barrios periféricos: La Sagrada y Conde Fuentes, en Garrapinillos, y el Regao, la Dehesa Boalar, los Guarales 1 y 2 y los Rosales, en Montañana y Peñaflor.