El Gobierno aragonés y las empresas concesionarias de las autopistas AP-2 y AP-68 firman hoy el convenio que permitirá aplicar medidas de reducción de peajes en ambas vías rápidas, una iniciativa que pretende paliar la alta siniestralidad de las carreteras nacionales N-II y N-232. La rúbrica del acuerdo se produce tras recibir la DGA el visto bueno del Ministerio de Fomento, que sigue sin desvelar si, finalmente, se sumará a esta medida para aumentar las rebajas y cómo lo hará. En todo caso, pasará un mes hasta que este convenio se lleve a la práctica.

El acuerdo con ambas concesionarias (Avasa, en la AP-68 y Acesa, en la AP-2) es similar. Establece que los usuarios de las autopistas --en los tramos aragoneses (Gallur-Zaragoza y Fraga-Alfajarín, respectivamente)-- paguen solo el viaje de ida si el de vuelta lo realizan en las 24 horas siguientes. La DGA asumiría el coste del retorno, una medida que costará al Ejecutivo aragonés entre uno y dos millones de euros para cada vía y que no incluye a los conductores de vehículos pesados. La previsión es que pueda estar en marcha desde el 1 de febrero y para beneficiarse de ella será necesario utilizar el sistema de la Vía T (o telepeaje).

Para poner en marcha la iniciativa, era necesario el permiso del Ministerio de Fomento, que llegó la semana pasada a la DGA, por lo que el departamento de Obras Públicas ha decidido firmar hoy el convenio y empezar a trabajar para que dentro de un mes esté todo listo. El acuerdo será exclusivamente bilateral, porque el ministerio ha mostrado su disposición a participar de alguna manera, pero no ha hecho público ni la forma ni el momento.

De hecho, se piensa que Fomento se implicará en estas rebajas solo por lo que los responsables ministeriales han comunicado en reuniones privadas a la DGA y las concesionarias, porque hasta la fecha no se ha pronunciado públicamente. Según ha transmitido a las otras dos partes, su colaboración podría pasar por asumir el peaje de vuelta en el caso de la AP-68 y por aplicar alguna reducción en la AP-2 para vehículos pesados.

El Gobierno aragonés no ha querido esperar al central y ha preferido poner en marcha la iniciativa de forma bilateral, confiando en que después se sume Fomento y las rebajas sean mayores. Entre los afectados la iniciativa se ha acogido con escepticismo, pues en ambos casos se considera que el hecho de que los vehículos pesados no se vayan a ver beneficiados significará que el problema en ambas carreteras nacionales se mantendrá.

Los municipios afectados por las dos vías convencionales repiten que la única solución es acelerar y acometer cuanto antes los previstos desdoblamientos de la N-II y la N-232 (80 y 25 kilómetros, respectivamente), lo que sí reduciría drásticamente las muertes en estas carreteras (una lamentable media de diez al año en cada una).