En los primeros pasos de la investigación, que se inicia tras la denuncia de un particular (cuya identidad se esconde en la causa tras el nombre Molinos 1), la Policía remite al Juzgado número 1 de La Almunia un documento en el que señala que: "La línea argumental que se tratará de contrastar es que los intereses de particulares, representados mediante personas jurídicas, han primado sobre los generales, en perjuicio de la mayoría de ciudadanos que se ven afectados de forma directa por todos los problemas que genera la corrupción urbanística".
