Polémico traslado de empleados de empresas públicas a la DGA

El debate sobre el recurso de la Administración de contratar personal de empresas públicas para suplir la carencia de funcionarios acaba de abrirse con la petición de una investigación por parte de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Ayer, los principales sindicatos de la mesa sectorial --salvo CCOO que prefirió mantenerse al margen-- denunciaron estos hechos y aseguraron que esta práctica existe y es "manifiestamente mejorable" la relación laboral del personal de empresas públicas del Gobierno de Aragón, que en ocasiones ejerce tareas propias del funcionariado.

Javier Ibáñez (UGT), aseguró que este asunto habría que estudiarlo jurídicamente "caso por caso". Además Ibáñez denunció que la relación entre los trabajadores y la empresa "es manifiestamente mejorable", lo que se ha demostrado tras interponerse varias denuncias en Trabajo. Asimismo, apuntó que UGT estudiará las medidas que se deben tomar y no descartó que estas pudieran llegar incluso a los juzgados. Por su parte, Luis Güerri, de CSI-CSIF, aseguró que a su sindicato "no le gusta" que se "externalicen funciones propias de la Administración y señaló que no pueden "estar de acuerdo" porque el acceso a estos empleos de empresas públicas son distintos a los de la Función Pública y porque tampoco tienen la misma formación.

Güerri recordó que estos hechos se han ido denunciando en la mesa sectorial que reúne a los tres sindicatos con la Administración, e insistió en que hay determinados departamentos del Ejecutivo que funcionan en ocasiones "como reinos de taifas". Prosiguió asegurando que este personal de empresas como Sodemasa o Sirasa a veces tiene vinculaciones superiores a las estrictamente profesionales y no cuentan ni con el mismo modo de acceso al empleo ni la misma formación que el funcionariado.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública destaca que en la actualidad se está suplantando la labor del personal administrativo de una manera, al parecer, consolidada en los Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura y Alimentación, sobre todo en empresas como Sodemasa y Sirasa.

Y señalan al propio Departamento de Presidencia por no corregir esta situación, ya que es "responsable de velar por la correcta aplicación de las normas de función pública y establecer los criterios generales de gestión de personal del conjunto de la Administración". Estas cesiones son habituales en otras administraciones públicas.