La sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la fábrica de General Motors (GM) España, ubicada en la localidad zaragozana de Figueruelas, reclamó hoy que el expediente de extinción temporal que afectará a 350 trabajadores sea voluntario y abogó por esperar a ver "las condiciones en que estos empleados serán readmitidos".
UGT celebró hoy en Zaragoza una asamblea de empleados de GM en la que "se ha tratado de resolver las dudas" que los más de 500 afiliados que acudieron tenían acerca del plan de ajuste que la empresa presentó esta semana, según indicó en declaraciones a Europa Press el secretario de UGT en la planta, Pedro Bona. A este respecto, señaló que se trata de una propuesta que "valoramos en positivo pero que necesita culminarse con un acuerdo positivo".
En cuanto a los 550 relevistas que se acogen en la actualidad al expediente de suspensión, Bona aseveró que "deben tener complementos" y solicitó que "no estén suspendidos más tiempo del que puedan cobrar una prestación por desempleo". "Somos conscientes de que hay que negociar la reestructuración y el convenio colectivo, pero no permitimos que se impongan condiciones agresivas", apuntó.
Además, sostuvo que "no se puede negociar la reestructuración y dejar al margen el convenio colectivo", ya que "van separados pero en el mismo paquete". En este sentido, agregó que "esto es lo que llevaremos a referéndum" si se alcanza un acuerdo.
Contratos de relevo
El pasado miércoles, día 10, la dirección de Opel España propuso al Comité de Empresa que los 900 despidos estimados para la reestructuración europea se sustituyan por contratos de relevo para los empleados que cumplan sesenta años antes de febrero de 2013.
De esta forma, los 550 relevistas con los que cuenta la plantilla en la actualidad podrán acogerse a un nuevo contrato de las mismas características, según se vaya cumpliendo el que tienen vigente, que tiene una duración total de cinco años.
A las otras 350 personas que faltan para sumar los 900 despidos se les aplicaría un expediente de extinción con una indemnización de veinte días por año, con la condición de que se les vuelva a contratar en un plazo máximo de 24 meses.
