Aragón es una de las comunidades que más ha ejercido de Policía para garantizar la aplicación de la ley antitabaco. Según un informe de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presentado durante esta semana, en la comunidad se realizaron desde el 2006 al 2008 un total de 10.050 inspecciones, tras las cuales se impusieron 546 sanciones, el 5,43% del total.

Con estos datos la comunidad se sitúa en segundo puesto por número de inspecciones --de entre las comunidades que tienen datos para los dos años estudiados--, ya que solo Cataluña supera esta actividad de control con 32.584 inspecciones. Contrasta que, a pesar de que estas triplican a las de la comunidad aragonesa, el número de sanciones es menor, concretamente de 274. La mayor proporción de sanciones respecto al total de inspecciones corresponde a Asturias (48,2%), seguida de Cantabria (6,1%), Aragón (5,4%) y Andalucía (5,4%).

Sin embargo, constata el informe, hay una gran variabilidad entre las diferentes comunidades en cuanto al cumplimiento de la norma, como refleja el número de inspecciones y sanciones. Y también hay una gran variación en los criterios y la severidad de las inspecciones entre las distintas comunidades. "Las disparidades evidenciadas en el ejercicio de la acción inspectora reclaman una reflexión acerca del compromiso general de todas las administraciones públicas en ayudar al ciudadano a respetar la ley", asegura el documento en sus conclusiones.

ESCASOS ESTUDIOS De hecho, revela el documento, en la actualidad hay pocos estudios que hayan evaluado el cumplimiento de la ley antitabaco antes de que se proceda a su endurecimiento. Además, España no tiene estadísticas de ámbito estatal sobre el número de denuncias, inspecciones y sanciones que evalúen el cumplimiento de la ley.

En todo el país, en el primer año de vigencia de la ley (2006) se llevaron a cabo más de 15.800 inspecciones, pero solo 586 (3,7%) derivaron en sanciones, aplicadas en su mayoría al sector de la hostelería. Sin embargo, un estudio alternativo estimó que en el año 2007 el 15% de los establecimientos inspeccionados eran sancionables con cuantías entre 600 y 3000 euros.

A pesar de ello, para esta sociedad científica el balance de la aplicación de la ley es positivo, ya que la exposición al humo se ha reducido en un 30%.