El Gobierno de Aragón tiene en marcha el proyecto Amarga Memoria que intenta revalorizar la II República Española, abortada por un golpe de estado fascista. A través de la dirección general de Patrimonio se establecen programas de ayudas. Patrimonio es asimismo la responsable de autorizar la apertura de zanjas para extraer los restos y proceder a su posterior identificación. Es decir, en Aragón se interpreta la exhumación de fusilados como una excavación arqueológica.
