Los hijos huérfanos de aragoneses muertos en campos de exterminio nazis y que fueron deportados desde suelo francés tienen derecho a cobrar una indemnización del Estado galo de 27.000 euros o una pensión vitalicia de casi 500 euros. Estas pagas forman parte de la concienzuda ley de memoria histórica gala, que en el 2004 emitió un desconocido decreto por el que se quiso honrar a todos aquellos que lucharon por la libertad y acabaron en las ignominiosas manos del nazismo.

Se calcula que los aragoneses fueron el tercer grupo más numeroso de víctimas españolas en campos de concentración. Según los datos de un reciente estudio de la Universidad Pompeu Fabra, suponen el 12% del total, por detrás de catalanes y andaluces. En total, 1.011 aragoneses de los que fallecieron 634 muertos. De ellos, 261 eran de Huesca, 201 de Zaragoza y 172 de Teruel.

El Gobierno francés reconoció el derecho a una indemnización a los huérfanos cuyos padres fueron víctimas de persecuciones antisemitas y racistas durante la II Guerra Mundial. El decreto apareció publicado el 13 de julio del 2000. Un año después, varias asociaciones solicitaron al Ejecutivo que otros huérfanos pudieran acogerse a esas indemnizaciones. Oídas sus peticiones, se creó una comisión que culminó en julio del 2004 con el decreto que permite a estos huérfanos de aragoneses ser indemnizados por el dolor infrigido por la barbarie nazi.

ACTUALIZACIÓN Hace seis meses, el decreto se ha modificado para actualizar la rente mensual, que equivale a 457,35 euros mensuales o un pago de 27.440,82. Según el texto traducido, los beneficiarios son "toda persona cuyo padre o madre, de nacionalidad francesa o extranjera, ha sido deportado, desde el territorio nacional, durante la Ocupación" y debe cumplir los requisitos que señala la legislación gala, muy sensible con el Holocausto.

Muy pocos son los aragoneses que han podido iniciar los trámites para acceder a esta indemnización. Hay varias cuestiones que dificultan el acceso a esta información. En primer lugar, el tiempo transcurrido y la complejidad de elaborar censos reales de los exterminios en los campos puesto que se desconoce el final de muchas de las víctimas. También el hecho de que muchos de los huérfanos han fallecido ya o tienen una edad avanzada. Y el puro desconocimiento de la maquinaria administrativa y legislativa, con el añadido en este caso de que es de un país extranjero.

El trabajo es arduo, y 28 personas han sido localizadas gracias al tesón y la conciencia de una sevillana, Pilar Pardo, que desde el 2005 lucha sin descanso por identificar a la mayor parte de españoles (hay unos 8.000) que murieron en algún campo de exterminio. Huye del protagonismo y su trabajo completamente desinteresado llega hasta el punto que quieren sus familias. Sus pesquisas han permitido tramitar ya las ayudas de varias de estas 28 personas, de las que cinco ya han recibido el visto bueno del Gobierno francés. En otros casos, no ha encontrado descendientes o no procede el pago por diversos motivos. En otros casos, como en la ciudad de Teruel, ha hallado a 11 personas pero el ayuntamiento no ha localizado a familiares. Ha habido otras que están en trámite y varias que no pueden acogerse a la indemnización.

En muchos casos, Pilar ha encontrado a hijos o familiares que no sabían nada del recorrido de la víctima en los campos, y que se han enterado por ella de la suerte fatal de sus ascendientes.