La comisión informativa de Servicios Generales aprobó esta semana las bases que regulan el traspaso de la recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad y sus barrios pedáneos al Consorcio de la Agrupación número 8, una operación fuertemente criticada por algunos sectores, que han acusado al equipo de Gobierno de querer privatizar este servicio. El PAR, al frente del consistorio, ha insistido en que la entidad es un ente público que ya gestiona estos trabajos en otros municipios. Aun así, el consorcio deberá adjudicar el servicio a otra empresa.

El grupo municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel insistió ayer a través de un comunicado en que este servicio se debe llevar a cabo sin que el cambio repercuta en los recibos de los contribuyentes. "Debemos controlar escrupulosamente año tras año las cuentas para que en ninguna de las posibles revisiones los ciudadanos tengan que sufrir ni el más mínimo incremento que no esté debidamente justificado y documentado", manifestó el concejal popular José Miguel Hernando, miembro de la comisión. En este sentido, el edil recordó que la apertura de calles y barrios por el desarrollo y crecimiento de la ciudad "puede llevar a una revisión y, en ese caso, el ayuntamiento deberá controlar la prestación de ese servicio con nuevas rutas de recogida o con la ampliación de las ya existentes".