TRIBUNALES.

Salud da 60.000 a una mujer por secuelas en una operación

El Clínico le practicó una traqueotomía al extirparle variosnódulos de la tiroides.La afectada sufre dificultades en el habla, infecciones, ansiedad y depresión.

Una mujer de 49 años ha sido indemnizada por el Salud con 60.000 euros por las secuelas sufridas en una intervención en el hospital Clínico, donde pasó por quirófano para la extracción de nódulos en la tiroides. La intervención se complicó y fue preciso realizar a la paciente una traqueotomía. Debido a estas secuelas, la afectada no habla correctamente y, además, corre riesgo permanente de infecciones.

La paciente, P. C. C., acudía a revisiones médicas desde hacía diez años por la existencia de estos nódulos y por padecer también edema de Reinke --inflamación de las cuerdas vocales--. Debido al crecimiento de los nódulos en la tiroides los facultativos le recomendaron que se operarse. "El cirujano le dijo que estaría dos meses afónica, sin que la informaran de posibles efectos mayores", relata el letrado de la Asociación El Defensor del Paciente Ricardo Agoiz, que ha llevado el caso. Eso a pesar de que la paciente tenía previamente a la intervención un edema de Reinke, lo que conllevaba un mayor riesgo intervención.

Al realizarse la operación, en noviembre del 2006 en el Clínico esta se complicó "sin que nadie explicase exactamente qué pasó", indica Agoiz. Como resultado, los facultativos tuvieron que someterla a una traqueotomía. El motivo fue que se le produjo una lesión bilateral en los nervios recurrentes, que provocaron una parálisis de ambas cuerdas vocales en línea media, que ocasionaron dificultad respiratoria, agravada por el edema de Reinke, que padecía previamente la paciente.

"Además tiene riesgo constante de infecciones puesto que el aire no es filtrado ni calentado a nivel de rino-orofaringe, según el propio servicio de Otorrinolaringología del hospital Lozano Blesa y sufre de un trastorno por ansiedad y depresión", relata el abogado.

El 8 de enero del 2007, el letrado presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón, de quien depende el Servicio Aragonés de Salud, que fue desestimada en vía administrativa. Tras esta decisión, presentó demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien en sentencia del pasado 5 de abril, ha manifestado la existencia de responsabilidad por la Administración y ha establecido una indemnización de 60.000 euros por "el daño desproporcionado en la paciente en relación con la intervención a la que fue sometida".

Asimismo, el tribunal ha determinado que es la Administración sanitaria, en casos de juicios sobre asistencia médica, quien también tiene la carga de la prueba de que el acto médico ha sido realizado conforme a la lex artis. "Normalmente el demandante tiene que probar al juez que ha habido una asistencia incorrecta. En esta ocasión el TSJA asegura que es el Salud quien debe probar que la atención médica se ha realizado de forma correcta. Y no lo ha conseguido", explica Agoiz.

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