La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona un grupo organizado dedicado a falsificar certificados de empadronamiento desde hace más de un año y ha detenido en diversas localidades españolas, entre ellas Huesca, a 26 personas de diferentes nacionalidades.
Los compradores pagaban entre 2.000 y 5.000 euros por cada certificado municipal de empadronamiento, el cual era empleado para intentar regularizar la situación administrativa en España por la vía del arraigo social.
El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener documentos aparentemente expedidos por los ayuntamientos de las localidades y que eran falsos. Según la Policía, los máximos dirigentes del grupo podrían haber obtenido un beneficio de 300.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron en marzo, al detectar que diversos ciudadanos extranjeros aportaban documentos aparentemente expedidos por ayuntamientos de diferentes localidades españolas, así como falsas asistencias médicas en servicios de urgencias en diversos centros hospitalarios.
Estos documentos facultan a su portador para validar el requisito de temporalidad, siendo utilizados para justificar la estancia consecutiva en España del ciudadano extranjero durante el período de tiempo exigido por la legislación española.
Los hechos investigados han requerido los servicios de una red organizada, en la que están presuntamente implicados dos pakistanís, mientras que otros de diferentes nacionalidades se dedicaban a la captación de posibles clientes.
